La Fiscalía General (FGR) mandó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Intervenciones Telefónicas que si fuese aceptada le permitiría escuchar las conversaciones vía teléfono de sospechosos y pedirle autorización a un juez hasta 72 horas después. Éste, en cambio, solo tendrá 24 horas para responder a la solicitud.
La ley, aprobada el 18 de febrero de 2010, establece que la intervención solo es posible después que la autorice un juez luego de haber escuchado una buena justificación legal. El documento que leyó Mario Tenorio, diputado de GANA en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pide también que a los delitos investigables se sumen prevaricato y peculado, que entran en el ámbito de los funcionarios y de los juzgadores; en la actualidad solo están homicidio, secuestro, crimen organizado, organizaciones ilícitas, extorsión, concusión, negociaciones ilícitas, entre otras.
En las argumentaciones Luis Martínez, fiscal general, señaló que el Estado debe maximizar las herramientas que tiene para proteger bienes como la vida, salud, libertad, seguridad y la paz de los ciudadanos. La propuesta de reforma, además, no desobliga a la Fiscalía a pedir la autorización judicial ni a suspenderla en caso le sea negada; alegó, asimismo, que los delitos que pide que sean incluidos causan enormes daños a la administración pública cuando son cometidos y su penalidad es mayor a, por ejemplo, la concusión.
La sugerencia de modificación legal también abarca la posibilidad de agilizar la intervención de números telefónicos distintos a los autorizados ya que los indagados, cuando se dan cuenta que la justicia está detrás de ellos, los cambian y se compran nuevos.
Las reacciones de los dipuatdos fueron diversas. Unos opinaron que puede dar espacios al abuso de poder del fiscal de turno y a persecución política, otros se preguntaron qué hará la Fiscalía con la información que obtuvo si posteriormente el juez le desautoriza la intervención telefónica.
Ricardo Velásquez Parker, diputado de ARENA, advirtió que una modificación en ese sentido la terminará derribando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque violaría el artículo 24 de la Constitución que protege el derecho a la intimidad de los ciudadanos. “Cuándo los honrados pagan los platos rotos por culpa de los pícaros es porque a los legisladores les faltó creatividad”, señaló. También afirmó que Martínez está pidiendo un supra poder que desequilibrará el ordenamiento jurídico. “Cuando leo que nos pide saltarnos las bardas en aras del pragmatismo no puedo decir que sí. Un fiscal así se puede volver un fiscal peligroso”, expresó.
En términos general el FMLN dijo estar de acuerdo pero tuvo una duda: ¿qué hará la Fiscalía con la información si luego la desautoriza el juez? Jaime Valdez, de ese partido, comentó: “Si autorizamos la intervención sin autorización estamos invadiendo la intimidad de las personas”.
René Portillo Cuadra, compañero de partido de Velásquez Parker, cuestionó los tiempos que la Fiscalía intenta establecer para pedir la autorización judicial. “¿Cómo es eso que tardará hasta 72 horas para presentar la solicitud pero el juez debe responderle en 24?”, se preguntó frente a sus colegas de la comisión.
Tenorio fue el único que defendió a Martínez. A modo de justificación dijo que los delincuentes no piensan en garantizar los derechos humanos cuando asesinan, secuestran o cometen otros delitos. Recordó, además, que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Asamblea reciben cada tiempo informes sobre la aplicación del Centro de Intervenciones Telefónicas.
Los diputados convocaron al fiscal para el 7 de septiembre
En 2009 la Asamblea modificó la Constitución para darles viabilidad a las escuchas telefónicas. Un año más tarde y después de largas y agrias discusiones los diputados aprobaron la ley de Intervenciones. En agosto de 2012 la Fiscalía presentó el primer caso que había resuelto con esa herramienta: capturó a ocho extorsionistas que operaban en la colonia Escalón y exigían el pago de la conocida popularmente como “renta” a empresarios del transporte colectivo.