El diputado Guillermo Gallegos anunció que GANA presentará el lunes 24 una propuesta de ley para cobrar un impuesto especial a las empresas telefónicas porque anualmente reportan millonarias ganancias pero se resisten a disminuir la intensidad de las antenas en las cárceles desde las que ordenan, a través de llamadas a sus compañeros criminales que están en libertad, cobrar extorsiones y asesinar. Los técnicos de la fracción del partido todavía estudian qué forma tendrá el tributo.
La lógica de Gallegos es que la población de a pie no tiene capacidad económica para soportar una cuenta más al rosario de tributos que paga mensual y anualmente al Ministerio de Hacienda través de aportes directos e indirectos.
Cuando la prensa le preguntó si antes de presentar a la Asamblea Legislativa la iniciativa no era mejor consultarlo antes a los afectados respondió que no porque igual dirán que en vez de ganancias tienen pérdidas. Se le consultó, asimismo, si eso puede ahuyentarlas a lo que contestó que la no quiera estar en El Salvador que se marche. “Ninguna telefónica ha reportado pérdidas desde que están en el país”, agregó.
El 15 de enero de 2015 el Consejo de Seguridad presentó al presidente Salvador Sánchez Cerén el programa El Salvador Seguro que costará unos $1,700 millones ejecutable en cinco años. En ese momento inició una carrera de neuronas para idear cómo financiarlo. Desde entonces las propuestas han variado entre aumentar unos puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que lo pagan por igual los salvadoreños que tienen ingresos de $100 mensuales como los que reciben $100,000. Pero también los diputados han visto la probabilidad de emplear el método que implementó Colombia para superar los rezagos de violencia y la reconstrucción del tejido social que destruyó la guerra entre el Estado y el narcotráfico: un tributo que pagan solo las grandes empresas.
Ana Vilma de Escobar, diputada de ARENA, opinó que un impuesto no puede ser discrecional, es decir, solo para unos y para otros no. Ella, sin embargo, antes de pensar en acorralarlas es mejor preguntarle al Ministerio de Seguridad cuáles son los planes que implementará y si realmente se necesita porque en sus arcas tienen millones de dólares en préstamos que todavía no ha ejecutado. “No es culpa de las telefónicas que haya extorsiones, que no se aplique la ley, que el Estado haya perdido territorios”, expresó.
Rodrigo Ávila, del principal partido de oposición, dijo que antes de pensar en más tributos es mejor que el Gobierno sea más creativo cuando lucha contra la criminalidad. Aunque aclaró que no puede eliminarse la alternativa.
Misael Mejía, del FMLN, afirmó que cualquier propuesta que pretenda llevar más dinero a las arcas del Estado puede ser bueno sobre todo después que el 10 de julio de este año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frenó la emisión de $900,000, 000 en deuda que el Gobierno iba a destinar para comprar chalecos antibalas, botas, armas y otros implementos para la Policía Nacional Civil (PNC) y los efectivos de la Fuerza Armada que trabajan en tareas de seguridad.
“No debemos dejarnos ir de primas a primeras (…) la ley no puede ir dirigida solo a un sector, eso tiene visos de inconstitucionalidad”, opinó Mauricio Ernesto Vargas, de ARENA.
Este jueves en la tarde una comitiva de 23 miembros viaja a Colombia a estudiar la experiencia de ese país en la lucha contra la violencia. Participan delegados del Gobierno, de la empresa privada, y los diputados Rodolfo Parker, del PDC; Nidia Díaz, del FMLN; y Ávila.