Los diputados no tienen claro qué harán para que la ley Contra Delitos Informáticos logre un equilibrio entre los derechos a la libertad de expresión y el honor: ARENA parece mostrarse a favor de eliminar las penas de prisión por lo que pueda considerarse difamación en las redes sociales mientras el FMLN por mantenerlas. La palabra final todavía no está escrita.
En la reunión de este martes de la comisión de Seguridad de la Asamblea expertos de FUSADES, CONNA, FGR, AMCHAM, SIGET, ABANSA señalaron las deficiencias del proyecto de ley que casi aprueba la Asamblea el 9 de julio: reduce la libertad de expresión, deja espacios para que los jueces la apliquen arbitrariamente y los funcionarios pueden ampararse en ella para llevar a los tribunales a sus críticos.
Las propuestas se movieron entre eliminar el artículo 24 del proyecto –que establece entre cinco hasta doce años de cárcel- que castiga los daños al honor, la intimidad, la integridad física y moral; mejor imponer una multa o mantenerlo tal como está.
“Lo que se pretende es cerrar los portillos a información mala”, explicó Daysi Posada, representante de la Fiscalía en la comisión.
La representante de FUSADES –que no dio a conocer su nombre- recordó que en la actualidad las sociedades más avanzadas privilegian la libertad de expresión como pilar de la democracia por eso recomendó disminuir las penas o cambiarlas por multas. “Tiene muchas cosas que constituyen un retroceso”, comentó.
Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, supuso que una persona grabara en video y difundiera la intimidad de una persona, ¿lo hace porque le han pagado o por odio? Por eso recomendó diferenciar entre la intención que persigue un fin económico y el que lo hace simplemente por dañar.
Claudia de Ibáñez, representante de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM) advirtió que la ley es demasiado amplia. Una persona, por ejemplo, puede alegar daño a su integridad y demandar solo porque una persona le mandó un emoticono vía informática.
Mauricio Ernesto Vargas, diputado del principal partido de oposición, coincidió en que el artículo es demasiado amplio y que es mejor especificar los delitos.
Después de terminada la reunión Antonio Almendáriz, del PCN, aseguró que es necesario profundizar más en lo que aprobará la Asamblea porque están en juego la libertad de expresión y el derecho al honor. “Tiene que ser revisada para que no cause daño”, dijo.
“Se trata de hacer una ley justa, que no vulnere la libertad de expresión pero que también proteja el honor de las personas”, secundó Ávila. Agregó que «en países totalitarios» los gobernantes tratan de callar a los opositores con lesiones a la libertad de expresión.
Misael Mejía, diputado del FMLN, opinó que si la Asamblea cambia la prisión por una multa los difamadores con capacidad para pagar delinquirán cuántas veces quieran mientras los pobres irán a la cárcel. “Si vamos aplicar la ley tiene que ser a todos por igual”, reiteró.
ABANSA sugirió a los diputados incluir penas para los delincuentes que roban dinero mediante transferencias bancarias
Los diputados presentarán a sus compañeros los insumos que les dieron los representantes de las organizaciones. En las próximas semanas la Asamblea volverá a discutir el proyecto de ley. No hay fecha de aprobación.
El 11 de junio de 2010 Douglas Avilés, entonces diputado del CD, presentó el proyecto de ley que pretende frenar a los hackers y usuarios comunes que roban bases de datos privadas y estatales, dañan páginas en la red, violan sistemas de seguridad informático, estafan a través de computadoras, espían telecomunicaciones, clonan tarjetas, usurpan identidades, divulgan información privada, difaman, acosan y muestran contenidos sexuales a menores de edad o discapacitados a través de las redes sociales.
También establece delitos como: violación a seguridad, estafa, fraude, espionaje, hurto, manipulación, obtención indebida de bienes, alteración, daño a la integridad, interferencia, divulgación no autorizada, difusión de información perjudicial, uso de datos personales, ofrecimiento y muestra de pornografía a niños y discapacitados a través de soportes informáticos.