La comisión de seguridad de la Asamblea dio luz verde a una reforma a la Ley Penitenciaria que elimina las visitas íntimas nocturnas y reduce a cinco el número de personas que pueden entrar a las cárceles salvadoreñas a encontrarse con sus familiares privados de libertad; los diputados, sin embargo, no han decidido si afectará a todos o solo a los miembros de las pandillas.
Los diputados estudiaron la propuesta de modificación legal a prisa ya que el 23 de julio Benito Lara, ministro de Seguridad, les exhortó a apurarse. Decidieron aprobar el dictamen, que los partidos preparen propuestas de reforma y las presenten el jueves antes de celebrar la sesión plenaria; ese mismo día previeron aprobarla esté como esté. En casi 40 minutos de discusión los temas centrales fueron: ¿Será injusto que la medida afecte a todos los reos? ¿Cómo frenar las visitas de pandilleros que llegan a las prisiones a planear delitos con sus compañeros detenidos?
Las dudas surgieron porque el proyecto del Gobierno establece en el artículo 14- A que solo pueden hacer visitas las personas que tienen un vínculo consanguíneo –hasta segundo grado-, de afinidad o “amistad comprobable” que haya registrado la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en un formulario que estará vigente durante un año.
César Reyes Dheming, asesor de ARENA, preguntó a Misael Mejía, diputado del FMLN, cómo Centros Penales sabrá que un visitante es un “amigo comprobado” de uno de los detenidos. No hubo respuesta directa pero sí sugerencias: las autoridades pueden ocupar información de inteligencia para identificar criminales o exigir antecedentes. La propuesta del Ejecutivo solo contempla restricciones cuando haya indicios de desestabilización, pertenencia a organizaciones delincuenciales o que sea constituya un riesgo para la seguridad de los internos.
En este punto los Reyes Dheming y Antonio Almendáriz, diputado del PCN, se enfrascaron durante unos diez minutos. No hubo respuesta definitiva.
“Lo vemos con urgencia (el proyecto) aunque normalmente no es así”, aclaró Almendáriz en la comisión.
La imposición generalizada de las nuevas medidas también provocó cuestionamientos. Unos consideraron inadecuado castigar a los reos comunes, a los que están en el camino de la rehabilitación y hacerla extensiva a todos los centros penitenciarios porque, por ejemplo, el de Apanteos, en Santa Ana, no concentra los mismos niveles de peligrosidad que el de Ciudad Barrios, en San Miguel; otros, aseguraron que si se focaliza al final serán inefectivas porque el propósito ulterior es ordenar el sistema penitenciario.
Reyes Dheming advirtió que el contenido de la reforma no frena el que hasta el momento es el principal problema de las cárceles: los detenidos ingresan teléfonos móviles, extorsionan, ordenan asesinatos, sabotajes al transporte colectivo y otros delitos. “Para eso ya se ha propuesto quitar los tomacorriente de las celdas pero nadie ha dicho nada de eso”, recordó. Almendáriz le respondió que los diputados hacen lo que le corresponde, en referencia a la aprobación de la ley Antiextorsiones que ordena a las telefónicas disminuir la señal de sus antenas en un radio de tres kilómetros cercanos a una cárcel. Ayer Casa Presidencial divulgó un comunicado en el que se quejaba de esas empresas.
Guillermo Gallegos, de GANA, dijo que el verdadero problema “en este momento” son las pandillas y no los privados comunes, por eso rechazó afectarlos. “Las cárceles son los bancos de los mareros”, comentó.
Rodrigo Ávila, diputado de ARENA, recordó que cuando fue director de la PNC intentó impulsar reformas similares pero las ignoró la Asamblea. “Este régimen es parecido al que se ocupa en las cárceles del primer mundo”, comparó. Y luego no discutieron más el proyecto que llegó a la Asamblea hace veinte días.
“Que tiene que pasar, tiene que pasar el jueves”, expresó Gallegos. Mejía lo secundó: “Todos los partidos la apoyarán”.
Los parlamentarios estuvieron de acuerdo en la eliminación de las visitas nocturnas. La diurna también deberá cumplir otros requisitos como comprobar el vínculo legal de pareja casada o acompañada y si tuviesen hijos dar a las autoridades un comprobante legal de la identidad de éste. A cambio las autoridades les garantizarán un lugar en un sector del centro penitenciario que sea higiénico, cómodo y adecuado, de acuerdo a la disponibilidad de infraestructura.