En 2014 unos 288,000 salvadoreños -un promedio de 500 diarios- fueron víctimas de desplazamientos forzados como consecuencia de la guerra entre las pandillas, según el informe «Huir o quedarse, un acto suicida» que elaboró la organización Refugees International.
Pese a la gravedad del problema, señala el estudio, el Gobierno de El Salvador se niega a aceptar que existen desplazamientos internos, explicó Celia Medrano.
El informe recomienda al Estado salvadoreño reconocer que existen desplazamientos, crear una comisión intergubernamental para atenderlos, coordinar ayuda humanitaria internacional y que en el censo que elaborará en 2017 haga preguntas sobre el asunto.
También sugiere a Estados Unidos contemplar una protección temporal para los migrantes que puedan demostrar que son desplazados, que en la Alianza para la Prosperidad presupueste fondos para ellos y para las oenegés que les ayudan; a Panamá, Costa Rica y Nicaragua les pide que brinden refugio a las víctimas salvadoreñas.
Samantha Reynolds, integrante de Refugees International, recordó que cuando va a países en guerra suele haber una estructura institucional que atiende a los desplazados pero en El Salvador las autoridades ni siquiera quieren admitir que existen. “Queremos que se tomen medidas para crearles espacios seguros”, dijo vía Skype en la presentación del informe en FESPAD.
Medrano explicó que los funcionarios del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén se niegan a admitir lo que acontece pero luego cuentan ejemplos de salvadoreños desplazados.
Mirna Carvajal, de FESPAD, detalló que las víctimas de la violencia huyen a Estados Unidos, a países centroamericanos o se refugian en casas de familiares o amigos. “Pero no se sienten seguros porque las mismas pandillas vuelven a acosarlos”, expresó.
Los municipios que más casos registran son Mejicanos, San Martín, Quezaltepeque, Ciudad Delgado, Colón, y otros que el Gobierno ha incluido en la lista de 50 localidades más violentas.