Eran pasadas las diez de la mañana. Mario Tenorio, diputado de GANA, pidió un receso mientras Franzi Hato Hasbún, Benito Lara y David Munguía Payés llegaban a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea a opinar sobre la implementación de los estados de sitio focalizados en los municipios más violentos de El Salvador como una alternativa para contrarrestar la delincuencia. Cinco minutos después confirmó lo que ya esperaba: no iban a llegar porque estaban ocupados. Programó una nueva reunión para el 10 de julio o, según él, después que en las calles hayan muerto 225 salvadoreños más bajo el fuego del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
La mañana había iniciado con un paro de labores del transporte colectivo que supuestamente ordenaron ayer en la noche las pandillas para presionar a los empresarios que se han resistido a un aumento de las extorsiones que todos los días cancelan; los que la ignoraron pagaron las consecuencias: hasta las tres de la tarde habían sido asesinado cinco empleados de las rutas 2, 6, 8 y 301. Por eso los diputados consideraron que era el momento propicio para analizar los estados de sitio, como lo propuso Guillermo Gallegos, de GANA; la inasistencia de los funcionarios de Seguridad, sin embargo, no solo frustró la discusión sino también acaloró los ánimos de los diputados que volvieron a culparse de la ola criminal que ahoga a los salvadoreños.
“El desplante no es para nosotros sino para el pueblo”, dijo René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, en referencia a las justificaciones que enviaron en la que Lara aseguraba que estaba en el extranjero; Hasbún, que debía presentarse a una reunión con el presidente Salvador Sánchez Cerén; y Munguía Payés desoyó la convocatoria que una semana antes le había hecho la Asamblea y en vez de acudir brindó una conferencia de prensa en la que anunció que el Ejército acusará de sedición a los soldados que participaron en una breve marcha en los alrededores del Reloj de Flores el viernes pasado.
Después de terminar la reunión el excandidato a vicepresidente aseguró que el Gobierno tiene poco interés de resolver los problemas de inseguridad, que es incapaz, que las pandillas han impuesto un régimen de excepción y que el país está al borde del Estado fallido. “Ya tocaron fondo, deben entender que no estamos para más polarización”, agregó. Minutos antes Mauricio Ernesto Vargas, diputado de ARENA, había presentado una pieza de correspondencia para pedirle a Casa Presidencial que reoriente $3,600, 000 del presupuesto que invierte en la publicidad del presidente y que los destine a pagar $600 a los soldados que trabajan en tareas de seguridad, como lo hizo con los agentes del nivel básico, mandos medios y empleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC).
“No son actos aislados”. Así lo resumió Jackelyne Rivera, diputada del FMLN, lo que a su parecer acontece: veteranos de la Guerra Civil se amotinan en la Plaza Salvador del Mundo a exigir una pensión, soldados piden un bono de $600, pandillas aumentan los ataques a la población, de junio a julio el índice de homicidios disminuye repentinamente, crecieron los rumores de una supuesta tregua entre criminales y el transporte colectivo se va a paro por la inseguridad. “Quieren generar desesperación, miedo, quieren hacer ver que este es el país desgracia (…) detrás de todo esto hay hilos oscuros que no logramos ver, expresó.
La teoría coincidió con la que impulsa la dirigencia efemelenista desde el sábado 18 de julio cuando marchó en la alameda Juan Pablo II contra una supuesta intentona golpista contra Sánchez Cerén promovida por usuarios de redes sociales que han pedido la instalación de una comisión internacional contra la impunidad financiada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la CICIG que funciona en Guatemala.
Misael Mejía, compañero de Rivera, fue más allá y relacionó dos eventos presuntamente sucedidos el fin de semana: las pandillas pidieron a Paolo Lüers, columnista de El Diario de Hoy, escribir un comunicado sobre el paro del transporte y la visita de Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, a la comunidad Las Palmas donde se encontraron. “Hay un vínculo estrecho en relación al terrorismo contra la ciudadanía. Las pandillas y ARENA coinciden en atacar al Gobierno”, afirmó.
Minutos más tarde Muyshondt, vía Twitter, advirtió: “Acusaciones serias, infundadas y sin pruebas, expone a quien las hace a que inicie una acción legal en su contra”.
GANA y PCN se mantuvieron casi al margen de la disputa. El pecenista Antonio Almendáriz, por ejemplo, sugirió al Gobierno usar «toda su fuerza» contra las pandillas y recordó que el amanecer de este lunes fue similar a los años de la Guerra Civil.