Los casi $2,000 millones anuales que evaden las empresas más poderosas de El Salvador frenan la redistribución de la riqueza que pretende llevar a buen puerto el gasto público y las tres fases de la reforma fiscal que implementó Mauricio Funes y ha secundado el presidente Salvador Sánchez Cerén, concluyó el estudio Efecto Redistributivo de la Política Fiscal, que elaboró Francisco Lazo, exviceministro de Comercio e Industria en la administración de Funes.
Basado en información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), Informe de la Gestión Financiera del Estado y la Revista Trimestral del Banco Central de Reserva de 2013, Lazo recuerda que la reforma fiscal que implementó Funes eximió del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las familias que ganan menos de $400 mensuales pero las ha beneficiado más con la inversión en salud, educación, seguridad y otros rubros.
“Lo que los más pobres pagan de tributos es inferior a lo que reciben en concepto de gastos, es decir, hay traslado positivo de beneficios para ellos”, declaró el exfuncionario.
Eso, expresó en una conferencia en un hotel en San Salvador, es progresividad fiscal que propicia la desconcentración de la riqueza para alcanzar el desarrollo humano. “Si queremos ser redistribuidores el gasto es la mejor política que hay”, agregó.
La elusión y la evasión, sin embargo, son la piedra en el zapato que tiene el Estado para superar la concentración de la riqueza. La primera se manifiesta en exenciones indiscriminadas de impuestos, incentivos sempiternos para grandes empresas que tienen suficiente capital para valerse por su cuenta, devoluciones de derecho de importación, reducción de tasas, préstamos subsidiados y otros que establecen los gobiernos. El país, por ejemplo, en 2010 dejó de percibir $263,700, 000 menos en concepto de tributos pero se favorecieron compañías de zonas francas y turísticas; en 2013 aumentó a $490,000, 000.
El académico aclaró que los incentivos no son malos pero el Ministerio de Hacienda debe calcularlos periódicamente para comprobar su eficacia y si realmente los beneficiados los merecen.
Pero lo más alarmante, afirmó, es la evasión en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que hace dos años alcanzó los $793,200, 000. Con la elusión suman unos $1,900, 000. “Se deben enfilar las baterías porque si no vamos a tener siempre problemas”, comentó.
La responsabilidad de la evasión de impuestos en los contribuyentes cuyos ingresos anuales van desde 11 hasta 40 millones de dólares; las que perciben de 2 a 9 mil dólares no tienen posibilidad de rehuir del pago de sus responsabilidades fiscales porque son asalariados y Hacienda sí ha logrado cerrarles los portillos.
El estudio de Lazo no profundizó en si la progresividad del gasto público se ha traducido en mejora de calidad de vida de los salvadoreños. A finales de 2012 la Encuesta de Hogares señalaba que el porcentaje de familias bajo la línea de pobreza había aumentado de 36.5 a 40.6 por ciento, mientras en años anteriores se había mantenido a la baja.
Para entonces la administración de Funes preparaba una fórmula para calcular la pobreza ya que consideraba que había llevado más servicios básicos a familias pobres.