El 26 de septiembre de 2000 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) sentenció que la Ley de Amnistía General era como un muro indestructible que protegía de los ataques de tirios y troyanos a los Acuerdos de Paz que el 16 de enero de 1992 sellaron el fin de los doce años que duró la Guerra Civil entre el Estado y la guerrilla del FMLN. Quince años después, sin embargo, la misma instancia judicial –integrada con otros miembros- parece que empieza a derribarlo usando los argumentos jurídicos con los que antes lo había certificado.
Son dos resoluciones las que han agrietado la Amnistía: el 5 de febrero de 2014 los magistrados José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González ordenaron a la Fiscalía General (FGR) investigar la masacre de 45 personas que presuntamente cometió el Ejército el 25 de julio de 1981 en el cantón San Francisco Angulo, San Vicente que había estado empolvada en los archivos judiciales desde 2005 después que en varias exhumaciones las autoridades encontraron las osamentas de 30 víctimas de las cuales la mayoría pertenecen a mujeres; los sobrevivientes han asegurado que hay más enterradas en lugares colindantes como Tenango y Guadalupe.
El segundo golpe lo dio el viernes pasado cuando volvió a ordenar a la Fiscalía que investigue la responsabilidad de la Fuerza Armada en la desaparición forzada de diez personas el 27 de mayo de 1982 en el nororiente de Chalatenango en la popularmente conocida como Guinda de Mayo en la que participaron los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, Ramón Belloso y que secundaron la Brigada de Artillería de San Juan Opico, la Fuerza Aérea y otras unidades militares.
“Son crímenes de lesa humanidad que no son amnistiables; ya es hora de quitar esa venda a la gente”, reclamó Claudia Interiano, abogada de la oenegé Madeleine Lagadec, que presentó la demanda de amparo que la Sala resolvió a favor de Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias, quienes son familiares de las víctimas de la masacre de San Francisco Angulo. “Son pasos contra la impunidad que agravia a toda la sociedad”, agregó.
En 2000 la máxima instancia judicial de El Salvador validó el fin de “reconciliación nacional” en el que se excusó la Asamblea Legislativa –los partidos ARENA, PCN y MAC lograron 47 votos para aprobarla el 20 de marzo de 1993 y luego la Fiscalía y el presidente Armando Calderón Sol le dieron su visto bueno- con la que pretendía proteger a los protagonistas del Conflicto Armado que perpetraron delitos políticos y similares aunque también dejó una puerta abierta en la que han entrado activistas de derechos humanos: los jueces pueden declararla inaplicable en crímenes de lesa humanidad, es decir, extermino, desplazamiento y desaparición forzosa, torturas, violaciones así como todas las acciones que hayan atentado contra la vida, integridad física, y otros derechos que garantiza el artículo 2 de la Constitución.
Pero no todos han visto con buenos ojos las resoluciones de los magistrados. Juan Orlando Zepeda, exviceministro de Defensa, consideró que los recursos que buscan la investigación de los crímenes de guerra tienen un solo propósito: alimentar el antimilitarismo que alientan las oenegés extranjeras que en España, Estados Unidos y en otras partes del mundo han llevado a los tribunales a exdictadores como Augusto Pinochet que en los años 80 gobernaron con mano de hierro desde Argentina hasta Guatemala.
“Están surgiendo caza fortunas persiguiendo a militares, son grupos que quieren una recompensa económica”, aseguró en la entrevista Debate del Canal VTV el lunes pasado el también señalado como presunto participe en los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López ocurridos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA). Cuestionó, asimismo, que nadie ha logrado acordar qué es un crimen de lesa humanidad como para acusar a alguien de haberlo cometido. Minutos antes había dicho, en referencia a la desaparición forzada de diez salvadoreños en la Guinda de Mayo, que suele pasar que “al rato aparecen” porque han estado refugiados en Suecia.
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, calificó como positivo que la Sala haya abierto un cauce de investigación pero también espera que reaccione con la misma vehemencia cuando un agraviado lo pida contra delitos cometidos por el FMLN, que desde 2009 es el partido que controla el Órgano Ejecutivo.“Ahora es un grupo legal que debe rendir cuentas”, expresó.
Guido Miguel Arturo Castro Duarte, María Julia Hernández, Victoria Carolina Constanza, Antonia Morales de Cabrera, Emelina Panameño de García, Guadalupe Mejía Delgado, y Carlos Rafael Urquilla fueron los primeros ciudadanos que presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la Amnistía. Argumentaban que la Carta Magna prohíbe encubrir delitos que han sido cometidos por los funcionarios de turno –en ese momento se refería al expresidente Alfredo Cristiani que fue señalado como cómplice en la muerte de los Jesuitas- e impedir indagaciones de violaciones a derechos humanos.
El 20 de marzo de 2013 Félix Ulloa, Benjamín Cuellar, y otros interpusieron un nuevo recurso de inconstitucionalidad que la Sala admitió seis meses más tarde.