A finales de la semana pasada trascendió que ARENA y FMLN ya habían decididos los nombres de los abogados que iban a ser nombrados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A la hora de elegirlos, sin embargo, el principal partido de oposición vetó a uno de los elegidos: Jaime Martínez Ventura, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), porque supuestamente está vinculado al FMLN a través de ese cargo en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén y la Sala de lo Constitucional puede declararlo ilegal como lo ha hecho con otros funcionarios.
El viernes pasado se conoció públicamente el veto y lo confirmó este miércoles al mediodía Guillermo Gallegos, diputado de GANA, después de participar en una reunión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en la que estaba previsto que los partidos definieran a los sucesores de los exmagistrados Rosa María Fortín Huezo, Lloly Claros de Ayala, Juan Manuel Bolaños, Miguel Alberto Trejo y Francisco Valdivieso.
El 19 de junio Martínez Ventura aseguró a la Subcomisión de la Asamblea que analizó los perfiles de los 30 candidatos que nunca ha tenido vínculos materiales, formales ni ha integrado estructuras de partidos políticos aunque por ser director de la Academia se relaciona institucionalmente con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de Sánchez Cerén, es decir, con militantes efemelenistas. “Me he limitado a eso”, reiteró. Ese día también opinó que la mejor manera para medir el pensamiento jurídico de un profesional es a través de su producción académica, que la mora, la depuración judicial y la inequidad en la distribución del presupuesto son los lastres que arrastra la Corte. Cuestionó, asimismo, la presunta corrupción que cometen algunos jueces: “Tienen un nivel de vida que no corresponde con su salario”.
Martínez inició su vida profesional como auxiliar contable del Banco de Comercio de El Salvador, en 1986, luego ascendió a colaborador jurídico. Seis años más tarde entró como abogado al Centro de Estudios para la Aplicación del Derecho CESPAD, que en la actualidad se conoce como FESPAD. Desde entonces trabajó en proyectos de reformas judiciales y penales enfocadas a la modernización y humanización de la justicia.
En 1999 laboró como consultor-investigador del informe “seguridad pública en el informe del estado de la nación”, que señalaba las deficiencias de la administración del expresidente Armando Calderón Sol en esa área. Se especializó en dichas materias durante diez años hasta 2009 cuando Mauricio Funes tomó las riendas del Órgano Ejecutivo. En la distribución de cargos el FMLN nombró como ministro de Seguridad a Manuel Melgar, ahora secretario privado de Sánchez Cerén; como director de la PNC a Carlos Ascencio, antiguo guerrillero; en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) a Eduardo Linares, también excombatiente; y a la ANSP llegó Martínez. En 2014 el partido gobernante lo ratificó en el puesto.
Si bien Martínez no tiene como carta de presentación la militancia partidaria sí ha estado cerca del FMLN. La organización del primer gabinete de seguridad de Funes –posteriormente lo desarmó cuando renunció Melgar en medio de una vorágine de violencia criminal y en su lugar puso a David Munguía Payés- copado por efemelenistas es una muestra y también su desempeño en FESPAD, oenegé que centra su trabajo en derechos humanos y asesorías legales a personas de escasos recursos pero cuyos directivos han estado cerca del oficialismo. En la campaña presidencial de 2014, por ejemplo, fundaron el Movimiento 5+ para impulsar abiertamente el triunfo de Sánchez Cerén y ahora varios de ellos trabajan en el Centro Nacional de Registros (CNR). Algunos de los académicos que laboran en FESPAD también participaron en las consultas que dieron vida al programa de Gobierno El Salvador Adelante.