Orlando Cabrera Candray, diputado de ARENA, salió de la Fiscalía General (FGR) de una reunión en la que participó con ocho de sus colegas de la comisión de Seguridad de la Asamblea. A los periodistas que esperaban en las gradas del edificio les dijo que la ley Contra Actos de Terrorismo – que transmuta la delincuencia criminal en algo más grave- bien puede ser una de las herramientas para luchar contra el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). Cuando se le preguntó para qué sirve condenar a 200 años de cárcel a los cabecillas si detrás de los barrotes ordenan a sus subalternos delinquir respondió, con una sonrisa en la boca, que era una buena pregunta y que para eso está la ley Antiextorsiones; ésta, sin embargo, tampoco ha frenado la vorágine de violencia.
En medio de la incertidumbre que ha provocado el paro del transporte colectivo que supuestamente ordenaron las pandillas, asesinatos de choferes, soldados y policías, parece que a la Asamblea le falta claridad de ideas para ayudar al Ministerio de Seguridad a parar la criminalidad que hunde a El Salvador.
Las respuestas de los diputados suelen ser las mismas que dieron hace una semana, un mes, en campaña electoral, hace un año o las que sugirieron sus antecesores en la Asamblea. Basta constatar cuántas veces se ha propagado en los pasillos legislativos la pena de muerte o los estados de excepción.
Por ejemplo Guillermo Gallegos, diputado de GANA, se montó en la precampaña de las municipales y legislativas de 2012 para proponer la pena de muerte y los estados de excepción como medida de castigo contra los homicidas. En ese entonces aseguraba que tenía el apoyo de muchos diputados que iban a secundarlo para reformar el artículo 27 de la Constitución. Después de las elecciones el asunto pareció olvidado.
Tres años más tarde volvió a la carga. En julio de 2014 presentó en la Asamblea una propuesta de reforma constitucional para implementar la pena de muerte. “Yo soy de la idea de la represión porque de otra manera esta gente no entiende”, dijo en ese entonces en referencia al incremento de la violencia que atravesaba el país en esos días como consecuencia de la guerra entre pandillas. Desde entonces se convirtió en un gurú de la seguridad: en las legislativas de 2015 basó su campaña en las medidas de alto voltaje contra la criminalidad y hasta llegó a asegurar que las pandillas querían atentar en su contra por sus ideas. La última vez que habló del asunto las elecciones habían terminado y ya tenía segura su reelección.
El 21 de junio de este año tres pandilleros asesinaron a dos militares que custodiaban una de las terminales del SITRAMSS. También dijo sentirse satisfecho cada vez que escuchaba que un pandillero había muerto.
Pero él no fue el primero en hablar de la pena de muerte. El 27 de junio de 2001 un grupo de diputados de ARENA y PCN –entre ellos Gallegos- impulsaron la pena de muerte. Consideraban que debía aplicarse en casos de homicidio, secuestro y violación. El FMLN se opuso.
El martes pasado la comisión de Legislación estuvo a punto de debatir sobre la implementación de los estados de sitio concentrados en los municipios más violentos del país. Pero se frustró porque los funcionarios de Seguridad Benito Lara, Franzi Hato Hasbún y David Munguía Payés no acudieron a la invitación.
Mientras fue partido de oposición el FMLN propuso la despistolización de la sociedad. Cuando llegó al poder Mauricio Funes el tema se tocó muy pocas veces y ahora que el presidente es Salvador Sánchez Cerén los efemelenistas se han enfocado en otro tipo de medidas como la conocida como defensa propia que favorece a la persona que ha matado a su atacante, la reforma que permitió a los policías portar siempre el arma de trabajo aunque estén en días de descanso o la que ha ordenado llevar a la cárcel de Máxima Seguridad de Zacatecoluca a los sospechosos de haber participado en enfrentamientos con agentes de seguridad del Estado. Desde que entraron en vigencia el número de pandilleros muertos en tiroteos ha aumentado; de policías también.
A la crisis de ideas se han sumado las acusaciones. El 18 de julio la dirigencia del partido oficial denunció un intento de golpe de estado presuntamente impulsado por grupos afines a ARENA y a la derecha empresarial. En respuesta los acusados han dicho que los efemelenistas son incapaces de dirigir el Gobierno.
El martes en la mañana Sánchez Cerén afirmó que unirse contra la criminalidad pasa porque el principal partido de oposición deponga su interés de impulsar “acciones desestabilizadoras”. “No pueden estar incentivando a la Fuerza Armada a sublevarse con esos ofrecimientos de incremento salarial (…) les pido que no afecten la institucionalidad”. El blog del FMLN retomó declaraciones del diputado Nelson Quintanilla en las que señala que el Gobierno es víctima de «agresiva campaña de la derecha oligárquica disfrazada de pequeños grupos de la sociedad civil diriga a desconocer al presidente».
Los diputados de ARENA le han contestado lo mismo. Milena Calderón de Escalón, por ejemplo, se ha cuestionado: “¿No será un auto golpe? El caballito de batalla de los incapaces es acusar a otros”.
Rodrigo Ávila, compañero de Calderón de Escalón, se limitó a decir que lo primero que debe hacerse es ordenar las cárceles pero advirtió que la solución “no es fácil ni de la noche a la mañana sino que es un proceso integral”.