En medio de una desoladora impunidad y violencia los diputados vieron inconveniente traer de nuevo a la discusión pública la propuesta de crear en El Salvador una comisión contra la impunidad auspiciada por Naciones Unidas (ONU), como lo propuso el 8 de septiembre de 2010 el entonces presidente Mauricio Funes después de ver los éxitos que la CICIG estaba teniendo en Guatemala en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Los diputados consultados coincidieron en que la Fiscalía General (FGR) y el Órgano Judicial no tienen completa capacidad para enfrentar la ola de violencia y criminalidad –de todo tipo- que azota a los salvadoreños. Pero pedir ayuda a la comunidad internacional lo ven innecesario.
René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, admitió que existe un alto grado de impunidad que a su vez es consecuencia –y viceversa- de la violencia y los fiscales y los defensores públicos tienen tantos casos asignados que son incapaces de atender todos lo que se traduce en investigaciones ineficaces, es decir, que en vez de llevar a la cárcel a los culpables de delitos lo dejan en libertad. Pese a eso consideró que lo mejor es apostar por fortalecer las instituciones antes que pensar en comisiones. “Es una buena idea pero no la solución del problema”, expresó. Agregó, además, que solo así se puede llegar a las raíces de los problemas.
Hace casi cinco años el exmandatario pensaba que el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –como llevar al banquillo a altos funcionarios policiales por ejecuciones extrajudiciales o la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano- era interesante y por eso había planeado pedir a la ONU, junto a Honduras, financiamiento para instalar una en el país. La idea generó resistencias en la oposición. Partidos como ARENA consideraban que aceptarla significaba admitir que el crimen organizado había rebasado la capacidad del Estado y que implicaba una tajante violación a la soberanía nacional que establece la Constitución.
La propuesta quedó en el olvido; Funes no insistió más.
Misael Mejía, diputado del FMLN, coincidió en que la impunidad es una de las cargas más pesadas que llevan en sus espaldas los salvadoreños que es consecuencia de un sistema “ineficiente”. Por eso, expresó, habrá que valorar pedir ayuda a la ONU. “No descartaría la necesidad de que se desarrollen unas investigaciones importantes”, comentó.
Un estudio del Banco Mundial concluyó que de 100 delitos perpetrados en el país solo el 35 por ciento llega a los tribunales y de estos solo el 0.9% a la etapa de vista pública y se resuelve en una sentencia. Esto coincide con el informe “deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de la impunidad” que en 2007 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que señala como “la inmensa mayoría de casos” en la Fiscalía se estancan porque los fiscales no investigan más que lo que habían recolectado el día del crimen y tampoco la policía aportaba más. Y subraya, como lo más grave, que el 96.1% de los crímenes quedan sin castigo.
Ocho años más tarde no existe ninguna institución pública ha elaborado un informe que dé cuentas si la impunidad sigue igual de alta, aunque Luis Martínez, fiscal general, ha asegurado que el índice disminuyó.
El informe elaborado por Sidney Blanco –actual magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema- y Francisco Díaz también concluye que sobre los jueces también cae culpa de la impunidad: a veces no fundamentan adecuadamente las sentencias, no analizan lo suficiente las pruebas y tienen actitud pasiva en la búsqueda de la verdad. En el análisis destaca que los juzgadores pueden pedirla “cuando lo estimen conveniente” pero al final se desmarcan y favorecen a los imputados.
Rodrigo Ávila, compañero de partido de Portillo Cuadra, decía en abril de 2011 que aceptar una comisión internacional implicaría que el Estado es incapaz de enfrentarse a la criminalidad por su propia cuenta, que se abran procesos políticos disfrazados de jurídicos y que extranjeros apliquen justicia a los nacionales. “Más que entreguismo es traición a la patria”, declaró a El Diario de Hoy. Cinco años más tarde el también exdirector de la PNC no ha cambiado tanto de opinión. Consultado sobre este asunto ha considerado obvio que las instituciones están colapsadas pero prefirió centrar la impunidad como consecuencia de la violencia que ejercen el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. “Tenemos que readaptar el Estado para responder. Se trata de hacer las cosas que se deben hacer”, afirmó.
Las pandillas son uno de los flagelos de la sociedad salvadoreña pero no el único. Desde que llegó al poder en 2009 Funes prometió perseguir la corrupción. A principios de 2011 la Secretaría de Transparencia ya preparaba un informe con más de cien casos en el Estado supuestamente cometidos en las administraciones de Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca. De esos la Fiscalía llevó a los tribunales el presunto desvío de $10,000, 000 de la cooperación que Taiwán entregó al expresidente Flores, los desfalcos en los hospitales del sistema de salud pública, la “privatización encubierta” de LaGeo, entre otros. En unos los acusados fueron absueltos y están en libertad; en otros, el proceso judicial está por definirse.
Al terminar su periodo presidencial Funes el principal partido de oposición lo ha acusado de haber cometido actos de corrupción. Hasta el momento el señalamiento no ha trascendido.
“De qué sirve si no vemos que haya estudios ni auditorías en el Órgano Judicial”, respondió Antonio Almendáriz, diputado del PCN, cuando se le preguntó si considera oportuno revivir el debate; según él los problemas se reducen a la no aplicación de las leyes vigentes. “La PNC hace su trabajo, la Fiscalía –con sus limitaciones- también, ¿y los jueces hacen bien su trabajo?”, cuestionó.