El impuesto especial para financiar planes de seguridad pública que anunció el sábado pasado el presidente Salvador Sánchez Cerén debe cargarse a los grandes capitales que operan en El Salvador porque si cae en los bolsillos de los salvadoreños de a pie será catastrófico, consideraron diputados de GANA y PCN.
Guillermo Gallegos, diputada de GANA, señaló que la iniciativa debe destinarse a los bolsillos de las grandes empresas con cuidado que éstas no aumenten los precios de sus productos, servicios o hagan despidos masivos de empleados para no ver disminuidas sus ganancias.
Milena Calderón de Escalón, diputada de ARENA, dijo que antes de pensar en más impuestos el Gobierno debería invertir los $138,000, 000 en préstamos que la Asamblea Legislativa le ha aprobado en los últimos dos años entre estos $71,000, 000 para reducir el hacinamiento carcelario –actualmente supera el 300% de su capacidad-, $22,000, 000 para el fortalecimiento del programa Espacios Seguros de Convivencia de Jóvenes, y $45,000, 000 para el apoyo de la estrategia contra la delincuencia.
“El pueblo sufre el impacto del alto costo de la vida y será un sacrificio más para el pueblo”, comentó. Cuando se le explicó que su colega ha considerado que puede cargarse a los grandes capitales respondió: “Los socialistas lo venden así pero no me trago ese cuento”. Aseguró, asimismo, que las tres etapas de la reforma fiscal que impulsó el expresidente Mauricio Funes entre 2010 y 2015 fueron presentadas con los mismos argumentos pero han terminadas cargadas al grueso de la población.
“Hay que ver si es viable siempre que no toque la bolsa de todos los salvadoreños”, opinó Antonio Almendáriz, diputado del PCN, cuando se le preguntó si su partido apoyará la iniciativa que, según Sánchez Cerén, está analizando el Consejo de Seguridad. “Lo que golpee la bolsa de todos los ciudadanos no lo vamos apoyar”, reiteró.
La posibilidad de un impuesto especial fue mencionada desde que Sánchez Cerén anunció la creación del Consejo de Seguridad. Pero no había pasado a más hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la emisión de $900,000, 000 de los que $100,000, 000 el Ministerio de Justicia iba a invertirlos en compra de armas, vehículos y equipos para la Policía Nacional Civil (PNC).
Jackelyne Rivera, diputada del FMLN, explicó que esperan la propuesta del Consejo para saber qué tipo de tributo será.
La segunda quincena de febrero de 2015 Rafael Castellanos, miembro del Consejo, argumentó que el dinero para financiar la seguridad es mejor que salga de un incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque si se impone a las empresas se desacelera la producción, frena el crecimiento económico y ahuyenta a los inversionistas.
El 15 de enero de este año el Consejo presentó el Plan El Salvador Seguro que contiene 124 acciones para enfrentar la criminalidad y la violencia como incrementar la presencia del Estado en los 50 municipios más peligrosos, asistir a familias víctimas, desarrollar proyectos educativos en las cárceles y amplia el programa Yo Cambio, inversión en cárceles, entre otras que costarán unos $2,000 millones en cinco años.
El sábado pasado el presidente anunció que pedirá una reorientación de $15,000, 000 para pagar un bono a los policías y $13,000, 000 para los soldados que trabajan en tareas de apoyo a la seguridad. Sobre esto los diputados dijeron estar de acuerdo aunque Gallegos prefirió que les aumenten el salario, Almendáriz que también lo reciban los militares y Calderón de Escalón que antes de pensar en eso es mejor ver qué necesidades materiales tienen los agentes.