Al diputado Jorge Escobar le costaba leer. Tartamudeaba, alargaba la respiración, vacilaba al pronunciar las palabras como si estuviera nervioso. En sus manos tenía la propuesta que presentó ARENA de crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa que investigue la presunta corrupción cometida en el diseño, construcción y aparente abandono de la presa El Chaparral, proyecto cuya génesis está en la presidencia de Armando Calderón Sol y atraviesa las administraciones de Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
El principal partido de oposición ha identificado tres irregularidades: en 2006 la administración de Saca contrató a Intertechne para que diseñara el proyecto, le pagó $3,700, 000 pero el diseño falló y seis años más tarde la presidencia de Funes recontrató por $5,800, 000 a la misma empresa para que rehiciera el mismo trabajo y volvió a fracasar; el costo internacional de una obra de esa escala es de unos $133,000, 000, sin embargo, se aprobó cancelar $219,000, 000 a la italiana Astaldi, es decir, a un sobrecosto de más de $80,000, 000; y cuando la construcción estaba prácticamente abandonada con menos del 30 por ciento de avance la CEL pagó a Astaldi $108,000, 000 por lo que había hecho con el propósito de evitar un arbitraje en un tribunal extranjero.
Carlos Reyes, diputado de ARENA, recordó que CEL pudo haber contratado para el rediseño a la empresa Acción Ingeniería que iba a cobrar $3,000, 000 pero en lugar de eso prefirió a Intertechne. “Señores, eso no sirve. ¿Qué debemos hacer? Comenzar a investigar lo sucedido”, expresó al filo de las diez de la noche durante la sesión Plenaria. Cuestionó, asimismo, el rigor técnico de una auditoría que hizo la Corte de Cuentas en la presidencia de Rosalío Tóchez y que los gobiernos del FMLN hayan entregado la supervisión de la presa 5 de Noviembre, el mejoramiento de la Calle Los Chorros, la Troncal del Norte y uno de los tramos del SITRAMSS a las constructoras que fallaron en el Chaparral.
Los señalamientos pusieron tenso el ambiente. Lorena Peña, presidenta de la Asamblea, recordó que las irregularidades comenzaron en la presidencia de Calderón Sol cuando la CEL estaba en manos de Guillermo Sol Bang, quién recientemente fue absuelto de los cargos de corrupción por la supuesta privatización de LaGeo a través de la venta de acciones a Enel. Señaló, a modo de ejemplo, que en la gestión de Flores los personeros de ese gobierno estafaban a los campesinos de San Luis La Reina y Carolina comprándoles terrenos a precios por debajo del valor real y cuando se negaban a venderlos casi los obligaban a punta de pistola.
Después Karla Hernández, del partido de oposición, cayó en la trampa de su colega efemelenista Audelia López que había acusado a ARENA de tener una providencial capacidad para quedarse con el erario público. “Si se niegan a crear la comisión demostrarán que también sus funcionarios tienen esas capacidades perversas para apropiarse ilegalmente del dinero de los salvadoreños”, dijo en su intervención en el pleno.
La aceptación de actos de corrupción la aprovechó Santiago Flores, del FMLN, que le agregó que el partido de oposición se ha embarcado en una aventura “desestabilizadora” del Gobierno de Sánchez Cerén con miras a recuperar el poder en las elecciones de 2019. Para eso, continuó, viajaron la semana pasada a Guatemala a conocer la experiencia de la CICIG que ha destapado escandalosos casos de corrupción que han terminado en la caída de importantes políticos. “Lo hacen (pedir la comisión) porque la corrupción prescribe y quieren dejar absueltos a sus líderes que están manchados de corrupción”, comentó.
Calixto Mejía, compañero de partido de Flores, calculó que la corrupción de exfuncionarios antes de la llegada de Funes al poder costó unos $3,000 millones al Estado. “Se acostumbraron a amasar miles y hasta millones (…) la camisa de la transparencia les queda grandísima”, afirmó.
“¿Y cuál es el miedo de crear la comisión?”, retó Alberto Romero, jefe de fracción arenero en la Asamblea, y recriminó al oficialismo de proteger la presunta corrupción que cometió Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea y las irregularidades en la adjudicación directa de publicidad a Polistepeque en la gestión de Funes y mencionó además del SITRAMSS. “Hagamos una investigación seria de los corruptos, los nuevos millonarios del país”, expresó.
Cuando el debate llegaba a casi dos horas de duración Milena Calderón de Escalón aseguró que ARENA le iba a “levantar la chaqueta” a Funes mientras el efemelenista Carlos Ruiz calificaba a sus colegas de “lacayos imperialistas” que pretenden “entregar la patria”.