Después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) frenó la emisión de $900,000, 000 en deuda el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha empezado a idear alternativas para financiar la seguridad pública. Una de las respuestas ha sido implementar un impuesto especial. ¿Quién lo pagará?
En la Asamblea Legislativa el debate ha iniciado. Una manera sería con un grávamen especial destinado para los grandes capitales. La otra es que la sola idea se paralice porque es inconveniente ya que ahuyenta a los inversionistas y no se pueden cargar más las facturas que todos los meses pagan los salvadoreños de a pie.
En ARENA el asunto ha provocado división. Al diputado Rodrigo Ávila, por ejemplo, la propuesta no le ha parecido descabellada. Él, cuando fue director de la Policía Nacional Civil en las presidencias de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, sugirió hacer algo similar que llamó FOSEGURIDAD. Se lo bloqueó, sin embargo, el FMLN, es decir, el partido que ahora gobierna y que lo ha llevado nuevamente a la palestra pública. “Se requiere que se estudien fondos específicos con una planeación y ejecución adecuada”, dijo.
“Lamento que nos quieran castigar con un nuevo impuesto”. Esta fue la opinión de Milena Calderón de Escalón, también del principal partido de oposición que antes de nuevos tributos ha preferido que el oficialismo se siente de una vez por todas a crear una ley de responsabilidad fiscal. “Debe haber una verdadera disciplina fiscal para poder responderle a la gente”, expresó.
Ernesto Muyshondt, compañero de partido de Ávila y Calderón de Escalón, buscó en las cifras oficiales para rechazar la sugerencia que hizo ayer Carlos Cáceres, ministro de Hacienda: es el Gobierno que más ha recaudado en los últimos años, ha implementado tres fases de la Reforma Fiscal y aún así no le alcanza. “El problema es que no priorizan, han aumentado en casi 50,000 personas la burocracia estatal pero eso no ha mejorado la seguridad”, expresó.
El tema no es tan nuevo en este gobierno. A principios de este año en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia comenzó a ser discutido pero no trascendió. En aquellos días el empresario Rafael Castellanos consideró que podía hacerse vía aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo comparó con el FOVIAL que se paga en la compra de gasolina y que afecta por igual a todos los consumidores.
David Morales, procurador de Derechos Humanos, también ha visto viable el impuesto especial para financiar la seguridad. “La violencia es compleja y requiere participación de todos (resolverla)”, comentó aunque él se decantó más por una reforma fiscal integral que aumente la recaudación del Estado para que éste destine fondos con los que puedan atenderse a las víctimas de la criminalidad y dignificarse la carrera policial. “Debemos buscar todas las alternativas posibles”, agregó.
Antonio Almendáriz, diputado del PCN, aceptó que son necesarios más recursos monetarios para fortalecer las labores del Ministerio de Seguridad porque la criminalidad “no se puede combatir con las uñas”. Pero dudó que pueda hacerse vía más impuestos porque “no puede golpearse el bolsillo de los salvadoreños”.
Francis Zablah, de GANA, también puso en tela de juicio la conveniencia de un nuevo impuesto. Señaló que primero es necesario evaluar qué puede hacerse con él aunque hay otras alternativas como la que estudian en la comisión Financiera de la Asamblea en la que proponen un grávamen especial a las remesas para que no se vayan solo al consumo. “Se debe evaluar si las empresas lo pueden pagar porque siempre les toca a las pequeñas y medianas”, concluyó.