Los empresarios de buses y microbuses del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) impugnarán ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) el reglamento que regula el funcionamiento del SITRAMSS y demandarán a los funcionarios Gerson Martínez y Nelson García por supuestas arbitrariedades en la construcción del proyecto vial.
En una asamblea celebrada esta mañana los transportistas anunciaron que el martes 12 de mayo acudirán ante la Sala con una demanda de inconstitucionalidad para impugnar el reglamento del SITRAMSS porque consideran que la construcción del carril segregado donde cirulan los buses articulados es una concesión que primero debió aprobar la Asamblea Legislativa y además favorece la competencia desleal porque la tarifa de $0.33 empujará a la quiebra a las rutas que también circularán sobre la Alameda Juan Pablo II.
Cuestionan, asimismo, el subsidio que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén deberá entregar al funcionamiento del llamado “proyecto de modernización del transporte colectivo” que, calculan, será superior a $0.50 por persona mientras el miércoles 29 de abril de la semana pasada aprobaron dar a los buses que circulan en el AMSS entre $0.02 y 0.04. También advirtieron que la ruta 52 AB y MB será la primera en quebrar.
“Esos son los negocios de igualdad que existen: el que tiene se divierte y el que no asume las consecuencias”, criticó Roberto Soriano, de la Asociación Salvadoreña de Transportistas (ATP). Rechazó, además, que el Gobierno se haya sentado a dialogar con los buseros que tienen unidades en Soyapango e Ilopango, más bien se sienten víctimas de acoso que les ha hecho Carlos Cáceres, ministro de Hacienda.
“Nos han intimidado, aterrorizado. Usan a Cáceres (Carlos) como cabecilla para aplastar como sapo a las rutas que no están con el Gobierno”, afirmó y agregó que detrás de los operadores del SITRAMSS podrían estar personas cercanas al FMLN como propietarios.
Juan Pablo Álvarez, presidente de AEAS, aseguró que algunos transportistas intentaron integrarse a SIPAGO –la empresa que invirtió en la construcción del SITRAMSS- pero les cerraron las puertas. Cuestionó, asimismo, la viabilidad financiera del proyecto. “Tenemos una estructura delincuencial integrada por ocho personas apadrinadas por altos funcionarios del FMLN (…) se rasgan las vestiduras por Paco (Flores) pero Carlos Perla ya está preso por hacer lo que hace el VMT: tráfico de influencias”, dijo.