Después de dos días de discusión, los magistrados del Tribunal Electoral (TSE) decidieron pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que aclare cuáles son los límites y los alcances de la resolución mediante la cual les ha ordenado abrir los paquetes electorales para volver a contar los votos de las elecciones legislativas de San Salvador.
Los magistrados piden a la Sala detallar cuántos paquetes electorales deben contar, si incluye los votos nulos, de dónde sacarán el dinero, porque el Tribunal no tiene presupuesto ordinario ni extraordinario, y si puede redefinir el plazo porque el 21 de abril no podrán terminar la tarea.
«El tiempo que nos han dado no puede ser tan ágil como han pedido», señaló el magistrado Fernando Argüello Téllez. Agregó, además, que el Tribunal no tiene dinero ni para alquilar un local ni contratar más empleados para el conteo.
En la reunión de este jueves, el Tribunal continuó discutiendo las alternativas que tiene ante la orden de la Corte Suprema: desobedecerla, acatarla o pedirle aclaración; por el momento ha prevalecido la última que intensifica la incertidumbre que tienen los diputados que el martes pasado recibieron las credenciales que los confirman en ese cargo.
Desde el miércoles quedaron claras las opiniones que los magistrados tienen sobre la resolución: Julio Olivo y Ulises Rivas Sánchez han insinuado que debe desatenderse porque sobrepasa las capacidades del Tribunal; Argüello Téllez y Guadalupe Medina que es obligatorio cumplirla para favorecer la transparencia; Miguel Ángel Cardoza todavía no ha expresado su criterio.
El reglamento del Tribunal establece que para llevar a cabo asuntos jurisdiccionales son necesarios cuatro votos; para administrativos, tres.
Son necesarios cuatro votos para, por ejemplo, pago de empleados, alimentación, hotel, entre otros.
El acuerdo fue tomado por cuatro de los cinco magistrados. Ulises Rivas fue el único que no firmó la petición de aclaratoria a la Sala sobre recuento de votos.
Antes de entrar a la reunión, la magistrada Guadalupe Medina explicaba que el Tribunal posee una cuenta bancaria de $2,000, 000 -ahorro logrado en las elecciones de 2014- que puede reorientar para concretar la resolución que es consecuencia de las demandas de amparo que presentaron los excandidatos Erving Ortiz, Óscar García, Josué Alvarado y Douglas Avilés. La millonaria suma sería destinada para los casi 8,000 empleados que estarán distribuidos en los 2,870 paquetes electorales de la capital.