Magistrados sin lograr acuerdo ante resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena el conteo de votos para el departamento de San Salvador. La resolución parece no tomar un rumbo por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Se trata de tres opciones analiza el organismo colegiado una es inaplicar la resolución, pedir aclaración o buscar mecanismos para hacer recuento votos en el departamento de San Salvador.
La magistrada Ana Guadalupe Martínez, explicó que «Habemos dos que estamos de acuerdo en hacer recuento, otros dos q se inaplique esta resolución, y el quinto no tiene decisión, aún”, detalló.
Este miércoles los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral realizaron una sesión de análisis sobre la resoluición de la Sala de los Constitucional que les exige
El magistrado, Fernando Arguello, explicó que si el organismo no aplica resolución de la Sala de lo Constitucional se podrían someter a ser procesados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Se ha barajado q hacer conteo de votos en San Salvador podría costar $1.5 millones pero no se tiene decisión aún, no obstante se necesitarían 500 mil”, dijo.
Agregó que a su criterio la Sala no debió admitir el recurso. El recuento de votos podría realizarse el 21 de abril, pero aún no tienen decisión.
La resolución
En el momento justo cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregaba las credenciales a los diputados electos en los pasados comicios, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó realizar el conteo inmediato de los votos en ese departamento.
Las dos demandas admitidas argumentaban que existió «vulneración al derecho al sufragio pasivo o derecho a optar a cargos públicos».
«Adóptase medida cautelar durante la tramitación del presente amparo, en el
sentido que el Tribunal Supremo Electoral deberá: a) proceder al recuento de votos
correspondientes a la Elección de Diputados para la Asamblea Legislativa del departamento de San Salvador», reza uno de los puntos expresados en la sentencia, en la que se añade que el recuento debe ser público, transparente y supervisado por la Fiscalía General de la República (FGR).