El Tribunal Supremo (TSE) instalará 60 mesas con tres miembros cada una que se encargarán de volver a contar los votos que contienen los 2,872 paquetes de las elecciones legislativas de San Salvador, como lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional. A ellos se sumarán como vigilantes los representantes de la Fiscalía General (FGR) y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
En promedio cada mesa contará unos cinco paquetes diarios. El equipo técnico del Tribunal ha calculado que a este ritmo el proceso durará unos 24 días, es decir, sobrepasa el plazo de hasta el 24 de abril que la Sala había dado.
Los técnicos presentaron a los magistrados tres propuestas: las 60 mesas que tardarán 24 días; 100 mesas que cumplirán un plazo de 15 días; y 300 mesas que demorarán cinco días.
Con los votos de los magistrados Julio Olivo, Ulises Rivas Sánchez, Fernando Argüello Téllez, Guadalupe Medina y Miguel Ángel Cardoza se impuso la opción de las 60 mesas que costará unos $500, 000 que serán pagados con dineros de las municipales y legislativas celebradas el 1 de marzo de 2015. Todavía, sin embargo, tienen deudas pendientes con los proveedores.
El recuento se desarrollará en el pabellón cinco del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) de 8 de la mañana a 5 de la tarde, incluidos los fines de semana.
“Estamos corriendo para salir a la brevedad posible (…) estas son las realidades que tenemos”, respondió Argüello Téllez cuando la prensa le preguntó si el Tribunal cumplirá el plazo que los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y German Álvarez le impusieron.
Aseguró, además, que tener en las mesas a personal exclusivamente del organismo electoral garantiza agilidad en el recuento y evita pleitos por los votos, como suele suceder en las elecciones cuando los representantes de los partidos participan. “Nos garantiza que estarán en las relaciones laborales y si salen de contexto podemos apretar”, afirmó.
Julio Olivo, presidente del TSE, calificó como “acuerdo positivo” el método que han logrado para cumplir la orden de la Sala que tiene como origen las demandas de amparo que presentaron los excandidatos Erving Ortiz, Josué Alvarado, Óscar García y Douglas Avilés que alegaron inconsistencias en el conteo de los votos preferenciales y por banderas. Consideró, asimismo, que el presupuesto “es el más austero que podemos requerir”.
El monto saldrá de las arcas del Tribunal pero si es necesario pedirán más al Ministerio de Hacienda.
La semana pasada la magistrada Medina explicaba que el TSE tiene un ahorro de $2,000, 000 de las presidenciales de 2014 en las que se coronó ganador Salvador Sánchez Cerén.
El lunes en la mañana Olivo afirmaba que la resolución no era “de imposible cumplimiento”. Reiteraba, además, que la principal dificultad será pecuniaria.