«Es humanamente imposible hacer el conteo: ni en siete días, ni en dos semanas, ni en un mes podría estar dando resultado de volver a abrir 2,872 JRV, necesitaría revivir la JRV”, es la postura que manifiesta la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),Jackeline Rivera, sobre la reciente resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que mandató al Tribunal Supremo Electoral (TSE) volver a contar los votos de San Salvador para definir los 24 diputados de la próxima legislatura.
La resolución, que fue dada a conocer el pasado martes, detallaba que dos demandas habían sido admitidas, en las que los excandidatos Erving Ortiz, Óscar García, Josué Alvarado y el diputado del Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés, alegaban inconsistencias en el conteo.
Dos preguntas son las que lanza Rivera: ¿bajo qué base jurídica va a instalar otra mesa? y ¿bajo qué base jurídica volvería a llamar a la Junta Electoral Municipal?
“Usted tendría que disponer de ese personal cuya labor ya terminó. Ellos ya no existen porque fueron constituidos para una tarea. Esa tarea ya terminó. Por eso es que yo digo que es tomar todo el ordenamiento jurídico y echarlo al cesto de basura”, comenta la legisladora.
Aunque no desmerita que cualquier ciudadano acuda a la Sala cuando considere se le ha violentado un derecho fundamental, considera que no se puede otorgar un amparo en este tema cuando “el amparo deba de partir de dar órdenes a una institución suprema, donde sus decisiones una vez concluido todas las etapas procesales, su decisión es firme e inamovible, la Sala no tiene competencia”.
“¿Qué quiero decir con esto? En un evento electoral, donde la persona se sienta agraviada y que crea que sus derechos han sido violentados, a lo que puede dar una sentencia como esta es a indemnización de daños y prejuicios y que el Estado tiene que reconocer los daños que ha ocasionado a la persona. Pero no tiene más competencia que eso. Pero aceptar que la Sala ordene al Tribunal que vuelva a contar los votos…Es tomar el Estado Constitucional de derecho que regula nuestra democracia y ponerlo en un cesto”, sostiene.
Rivera continúa su crítica y añade: “Como va a ser que la Sala diga: ‘yo te pido el conteo de votos y dependiendo del conteo de votos yo voy a resolver’. Perdóneme, ¿entonces cambiamos los roles? ¿O con esto el Tribunal se convierte en una dependencia de la Sala? Es mi percepción si se acepta una teoría de esa naturaleza. Son decisiones que rayan con la legalidad, pero también con el sentido común”.
Pero si se encuentran diferencia en los votos, ¿cómo debe de actuar la Sala? ¿Jurídicamente cómo debe ser este proceso?
Por eso te digo, cuando rompés la institucionalidad, cuando irrumpís en una institucionalidad y no tenés reglas del juego, ¿quién te va a declarar que son firmes? ¿Quién va a decir quién no es diputado si sentás un precedente de esa naturaleza? O sea que aquí cualquier institución no podrá emitir acuerdos firmes porque depende de que la Sala los avale. Y el TSE tiene facultades para decir “yo aplico la Constitución y la Sala no puede venir a decirme a mí cómo dar mi veredicto. Yo ya emití un veredicto unánime. El escrutinio final fue firmado por todos. ¡Por Dios! Hay partidos políticos que no han quedado conformes. El FMLN no hemos quedado conformes, porque creíamos que debía de revisarse las actas que ARENA se empecinó en dejarlas en blanco. Pero al final esa es la resolución del organismo y nosotros tenemos que aceptarlo. Nos parece que venir a revertir eso es desconocer al Tribunal, irrespetar al Tribunal.
El día que entregó credenciales el TSE, usted mencionó que podía traer consecuencias jurídicas la resolución, ¿a qué se refería?
Estas son las consecuencias, si se acepta lo que la Sala está ordenando estás aceptando que en elecciones futuras, quien te está diciendo quién debe ser electo no es el pueblo, sino la Sala y eso no lo voy a admitir en una democracia. Esos son los efectos jurídicos, porque una resolución de la Sala se convierte en una ley de hoy a futuro. Si yo acepto esta resolución estoy dejando infinitamente indefinido los resultados. ¿Por qué no puede venir ningún habitante de cualquier lugar a pedir que se vuelvan a contar los votos porque siente que su voto no fue incluido? Por eso digo, la resolución genera una incertidumbre donde, aquí, cualquier cosa puede pasar. A esos efectos jurídicos me refiero cuando yo digo que la implicación de cumplir una resolución es irrumpir el Estado de derecho. ¿Para qué ir a las elecciones?
¿Y, a su juicio, cómo debió haber procedido la Sala?
Si una persona siente que no le consignaron los votos que ganó, a esa persona la Sala le debe de admitir el amparo, pero no tiene competencia para ordenarle al ente encargado de que vuelva a contar los votos. Ellos tienen derecho a ampararse y la Sala de otorgarle el amparo si así considera. Pero el resarcimiento del daño ocasionado no debe de estar determinado por irrumpir una institución. Es que también las resoluciones deben de ser racionales y deben tener sentido común. Y deben de medir el impacto en la sociedad. La Sala cuando resuelve no solo debe de ver el tema desde el punto de vista jurídico. Si te abstraes del impacto de tus decisiones, podés lograr a fuerza de resoluciones, llevar a un país al caos. Y a eso está llevando la Sala al país. No es una resistencia caprichosa, no es una resistencia sesgada, es racional y Constitución. La Sala está violando a la Constitución, al inmiscuirse en competencias que no tiene.
Se hablaba de sanciones, en caso que magistrados no acaten…
Siempre queda a salvo el derecho de que la Fiscalía puede investigar si se ha configurado el delito de desacato o no. Pero eso es una especulación y yo no puedo decir que eso pasará. Que por la simple circunstancia que no se haya acatado ya se configuró el delito, no es cierto. La Sala ha cometido varios delitos de prevaricato, en decisiones donde ha usurpado funciones de otras instituciones y la Fiscalía no ha iniciado de oficio un desacato de esa naturaleza. La Sala ha inaplicado varias leyes que nosotros hemos emitido. Lo que sí es cierto lo que está en peligro con una resolución de esa naturaleza es la estabilidad del Estado Constitucional de El Salvador.