La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil que deja a discreción de las jefaturas decidir cuándo y cuántos policías acuartelarán en los municipios que más sufren los ataques de las pandillas. La iniciativa todavía debe pasar el filtro del Pleno Legislativo.
La reforma es al artículo 16 y pretende que los agentes pasen más de 12 horas laborales establecidas en la ley en sus trabajos. Pretende, además, frenar los ataques que reciben cuando están en sus casas con sus familias. Antonio Almendáriz, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), presentó la propuesta.
Literalmente dice: “Los miembros de la Policía Nacional Civil cuando la situación imperante así lo amerite, podrán ser puestos a disponibilidad a tiempo completo. Esta medida se puede implementar en todo el territorio nacional por regiones, departamentos o municipios determinados por el tiempo, funciones y forma que en que la dirección general lo establezca”.
Mientras estén en los puestos los policías podrán hacer prácticas de tiro, patrullar e incluso asistir a formación en leyes y nuevas técnicas de defensa.
Almendáriz consideró que el acuartelamiento favorece los planes de seguridad y creación de batallones especiales que ha anunciado Franzi Hato Hasbún, comisionado presidencial para la seguridad.
“No es que las 24 horas van a estar trabajando pero el simple hecho que unos descansen, otros patrullen y haya más refuerzos hará que la situación cambie”, afirmó el diputado pecenista.
Misael Mejía, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó que la reforma es permamente pero se aplicará con más rigor en esta coyuntura en la que los militares, policías, fiscales y jueces son el blanco de los ataques de las pandillas.
“Es para que etapa de crisis tengamos mayor presencia policial y no bajo un regimen que pueda generar complicaciones”, dijo Mejía. Detalló, asimismo, que las autoridades deberán planificar los gastos extras en que incurrirán si acuartelan a sus agentes: baño, comida, camas, implementos, entre otros.
“Este esfuerzo debe ir acompañado de otras medidas que deben salir de la Fiscalía o del Órgano Judicial porque si no estamos en la misma sintonía no sirve de nada”, expresó en referencia a las reuniones a las que convocarán a Luis Martínez, fiscal general, y a otros funcionarios de seguridad.