La Asamblea Legislativa aprobó por 78 votos, este miércoles, la Ley Especial en contra de Extorsiones mediante la cual la Fiscalía General de la República (FGR) podrá proceder de oficio.
La nueva normativa, además, regula el alcance de las empresas de telecomunicaciones, debido a que las extorsiones son cometidas por la vía telefónica desde las penitenciarías.
Esta ley, sin duda algunas, es una herramienta que las autoridades necesitan, pero hay un elemento que es fundamental: la prohibición de las empresas operadoras de telefonía móvil de transmitir señal de telecomunicaciones, llámense llamadas o redes sociales, desde el interior de los centros penitenciarios, explicó el diputado Misael Mejía, del FMLN.
Pero el diputado Ernesto Angulo, de ARENA, señaló que el Estado está evadiendo su responsabilidad, específicamente la obligación que le da la ley de cumplir con las disposiciones legales que existen, como por ejemplo la Ley Penitenciaria y el Código Procesal Penal.
“Ellos son los encargados de evitar que cualquier ilícito ingrese al penal. Y están haciendo una ley especial para que las telefónicas suspendan el servicio, cuando lo que deben hacer es que no haya celulares en los penales”, añadió.
José Antonio Almendáriz, del PCN, indicó que la legislación contempla la responsabilidad que tienen todos los funcionarios, desde el director de un penal hasta los custodios, por lo que hay una pena de 8 a 12 años de prisión para aquellos que permitan el ingreso de los ilícitos y se hagan llamadas para extorsionar desde las cárceles.
Mientras, el diputado Guillermo Gallegos, de ARENA, aseguró que con la Ley Antiextorsiones la Fiscalía General de la República podrá proceder de oficio contra este flagelo.
El ministro de Seguridad Publica, quien estuvo presente en el pleno legislativo, reconoció que después de un breve debate la Asamblea Legislativa dio por unanimidad esta herramienta legal al a los órganos Ejecutivo, Órgano Judicial y la Fiscalía, la cual permitirá investigar de oficio.
Explicó que el dinero que sea producto de las extorsiones se le aplicará la Ley de Extensión de Dominio.
Dijo esperar que, tras la sanción del presidente de la República, se puedan iniciar de inmediato procesos de investigación. “Si es de oficio, no necesariamente tiene que denunciar la víctima”.