En la sesión plenaria del 21 de enero pasado, diputados de la Asamblea Legislativa, con 43 votos, aprobaron conceder el indulto a favor de Carmen Guadalupe Vásquez Aldana, quien fue procesada y condena por el delito de homicidio agravado contra su hijo recién nacido.
Este lunes, el diputado Ernesto Angulo (ARENA) se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia por el procedimiento que llevó a cabo la comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Tras aclarar que su partido no está cuestionando el indulto − una gracia excepcional para reos condenados por la cual se perdona de forma absoluta o condicionada la pena de prisión− el legislador arenero dijo que la denuncia “va en contra del proceso de formación de la ley viciado”, ya que “se tiene que sentar un precedente. Basta de amaños, de manipular leyes y decreto”, señaló.
Angulo explicó que el 12 de enero el pleno legislativo regresó a la referida comisión un dictamen, con 6 firmas a favor, que contenía el indulto para que se le diera mayor estudio. Y nuevamente se presentó al pleno legislativo otro dictamen, esta vez con 7 firmas.
Sin embargo, argumentó que los diputados de ARENA no asistieron a la comisión porque tenían otro compromiso, pero que en la reunión de comisión acordaron sustituir la primera página del dictamen y colocarle una fecha diferente, manteniendo las mismas firmas, lo cual lo convertía en un nuevo dictamen.
Es decir, a juicio de Angulo hay dos dictámenes, uno con 6 firmas y otro con 7 firmas. “Nosotros advertimos eso al presidente de la Asamblea Legislativa y a la comisión porque eso raya con la falsedad”, agregó el legislador, quien posteriormente calificó claramente de “un delito a todas luces” lo realizado por la comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Según el informe presentado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carmen Guadalupe Vásquez Aldana fue acusada del delito de homicidio agravado contra su hijo recién nacido. Sin embargo, también certificó que en el proceso penal se irrespetaron las garantías fundamentales para declarar la culpabilidad, específicamente en las pruebas científicas.
La CSJ informó que la mujer ya purgó 12 años en prisión, y durante estos ha demostrado que es una persona que denota un desarrollo personal significativo en vida carcelaria, a través de la incorporación a diversas actividades y programas.