Diputados de la comisión de Seguridad Pública aprobaron un dictamen que contiene las “Disposiciones especiales transitorias en delitos cometidos contra la vida, integridad personal, libertad individual y autonomía personal, tanto de los miembros de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada, personal penitenciario, fiscales y jueces”.
Estas disposiciones, amparadas en ocho artículos, estipulan parámetros para reducir plazos de investigación, detención provisional, plazo de instrucción y exclusión de beneficios penales y penitenciarios.
“He pedido que se aplique Estado de Excepción. O el Estado aplica toda la fuerza o se va a poner de rodillas”, dijo el diputado Sigifredo Ochoa Pérez.
Esta posición fue reforzada por el diputado Orlando Candray, quien aseguró que “no hay que ponerle más paños tibios a esto. Si no lo hacemos así, no podemos hacerlo más suave”.
Diputados de la comisión de Legislación escucharon las posiciones de los funcionarios de la Fiscalía General de la Republica (FGR). Los representantes del fiscal Luis Martínez sostienen que la propuesta gubernamental podría ser contraproducente y el efecto, en lugar de ser positivo, podría ser adverso a lo que se busca.
“La transitoriedad es la que nos preocupa”, dijo en su informe David Acosta, al advertir que “si en el último año de vigencia de las disposiciones, se condena a un sujeto, se corre el riesgo de que la aprehensión quede sin efecto y se tendría que aplicar otra normativa penal”.
Mientras tanto, Mario Chacón afirmó que al reducir el plazo de instrucción en las disposiciones, el margen de investigación disminuye, lo que podría generar procesos que caigan en la ilegalidad y sean refutados por los jueces por falta de suficientes pruebas.
“En caso de homicidios nos toma ente 1 y 2 años la investigación, ya no digamos casos como estos o de trata de personas, narcotráfico que requieren de mayor análisis”, sostuvo. Por este motivo pidió que en relación a los plazos se circunscriba las disposiciones a lo ya establecido en el Código Procesal Penal.
El artículo 5 de las Disposiciones Especiales establece que la duración máxima de la instrucción formal en aplicación del decreto en estudio, no excederá de dos meses a partir del auto de instrucción.
Por su parte, el diputado Ernesto Angulo enfatizó que si bien están a favor de las disposiciones y de apoyarlas en la sesión plenaria, prefirió hacer las consultas a su fracción, retomando la opinión de la Fiscalía y por temor a que “si se aprueba así, va a generar impunidad”.
El dictamen favorable fue firmado por los representantes de todos los grupos parlamentarios presentes, a excepción de ARENA, quienes primero lo llevarán a consulta.