El aniversario 31 de la más reciente Constitución de la República que se ha promulgado en el paísfue el momento “perfecto” para que algunos políticos en la Asamblea Legislativa desbordaran en críticas, acusaciones y señalamientos entre sí y en contra de otros funcionarios públicos.
El presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y el diputado de GANA, Mario Tenorio, coincidieron en atacar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por lo que consideran decisiones “extralimitadas” al emitir fallos que “golpean” el espíritu de la Constitución.
“Además de incurrir en claras extralimitaciones, recurren a desvaciar la sustantividad de las palabras, conceptos y principios establecidos legítimamente en la Constitución”, acusó Reyes a los magistrados de lo Constitucional.
Y siguió: “Esta actitud, de ciertas personasde asumir calidad constituyente sin tener la representatividad del pueblo soberano, configura en la práctica un severo golpe a las ideas plasmadas históricamente en la Constitución”.
Mario Tenorio señaló que “los magistrados de la Sala (de lo Constitucional) intentan mermar la función constitucional que posee esta Asamblea y no pueden decirnos cuáles funciones ejercer y cuáles no”.
“Extralimitan sus funciones violentando los principios de la Constitución, interviniendo en atribuciones de la Asamblea Legislativa”, añadió.
El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, destacó los principios de seguridad jurídica y valores éticos establecidos en la Constitución.
El primer tema (seguridad jurídica) propició que el diputado arenero formulara un llamado “a rescatar” la institucionalidad y seguridad jurídica como base para el desarrollo.
Al llegar al punto de los valores éticos, Vaquerano introdujo los temas del combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito al tiempo vinculándolos al Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) y al escándalo por la compra-venta de terrenos de Nuevo Cuscatlán al presidente de la Asamblea Sigfrido Reyes y su asesor Bayron Larrazabal.
“El uso de créditos y recursos públicos en beneficio de un negocio privado como el SITRAMSS, genera fuertes dudas. Y el reciente caso de la venta irregular de los terrenos en Nuevo Cuscatlán, por parte del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y sus ramificaciones, deben ser aclaradas”, dijo.
La Constitución es clara, prosiguió Vaquerano, “se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital de un funcionario o empleado fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente o por cualquier otra causa justa. Y esa transacción (terrenos a Reyes) supera la capacidad de los funcionarios cuestionados”, acotó.
Lourdes Palacios, del FMLN, habló de “deuda pendiente” en la Asamblea refiriéndola al impedimento de algunos los partidos políticos como ARENA y PDC para que se ratifique el “derecho humano al agua y a la alimentación adecuada”.
“Esta Constitución ha servido para la paz… es necesario introducir reformas para seguir avanzando. La Constitución debe adaptarse a los cambios de la sociedad”, dijo.
Palacios señaló que el “orden económico” basado en “una vida digna con justicia social” debe quedar claramente plasmado en la Constitución del país.
El diputado constituyente, Francisco Merino, optó por hablar sobre la importancia de que el espíritu de la Constitución, considerada una de las mejores de la región, debe respetarse y acatarse en el sentido más amplio.
Destacó que “el FMLN fue principalmente el actor que más prestigió la Constitución en los Acuerdos de Paz” y señaló que ese principio debe renovarse entre todos los ciudadanos, sobre todo, los valores sociales plasmados en la Constitución.
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, y el procurador de Derechos Humanos, David Morales, entre otros invitados especiales, escucharon con paciencia cada una de las exposiciones de los representantes partidarios desde el Salón Azul de la Asamblea.