Luego que un tribunal francés reconociera la legitimidad del contrato entre CEL y Enel, los diputados de la Asamblea Legislativa que estudiaron el tema opinaron sobre la sentencia que termina desfavoreciendo al país.
El diputado de ARENA, Edwin Zamora, (al igual que su fracción legislativa) siempre defendió la legalidad del contrato y al conocer que Enel ha resultado favorecida insiste en la idea que nuestro país debe respetar todos los compromisos que asuma.
“Desde el principio hemos dicho que la institucionalidad se debe de respetar, los acuerdos se deben de respetar y aquellos acuerdos que firmamos como país se deben de respetar para darle confianza a los inversionistas”, consideró.
Aunque estimó que “si hay alguna cosa que nuestro gobierno considera que debe reevaluarse está bien que lo hagamos por el beneficio de los salvadoreños, pero no perdamos de vista que lo importante es dar esa estabilidad y esa seguridad al respeto de las leyes”.
Recordó que ya hubo dos laudos arbitrales y dos apelaciones que han terminado desfavoreciendo a la representación salvadoreña y esgrime la idea que “lo importante es respetar la institucionalidad”.
El también diputado Douglas Avilés, por CD, también habló de respetar el fallo del tribunal francés. Sin embargo, a diferencia de su colega arenero lo hace a manera de resignación pues se previó que esto iba a ocurrir.
“Pasó lo que era previsible, era ficha cantada que el país iba a volver a perder en este litigio. Quienes estuvimos conociendo este caso de Cel-Enel, a través de una comisión que se instaló para este propósito, sabíamos desde el principio que el país no tenía chance de poder revertir la decisión que ya había tomado Francia y en ese sentido ocurrió lo que tenía que pasar, que era previsible y hay que preguntar cuánto le costó al país ir a otro litigio”, dijo.
Al preguntarle cuál debía ser el paso siguiente a tomar, Avilés señaló: “cumplir, acatar, sencillamente, eso es lo que queda de camino”.
Avilés integró la Comisión Especial que se formó en la Asamblea Legislativa sobre el caso Cel-Enel y en su primer informe descubrió diversas irregularidades en el contrato suscrito durante la administración del expresidente Francisco Flores.
La Fiscalía, por su parte, inició un proceso legal contra al menos nueve exfuncionarios de la administración Flores, entre estos, el exministro de Economía Miguel Lacayo y el expresidente de la CEL Guillermo Sol Bang.
La Fiscalía estimó que debido a las irregularidades del contrato el país habría registrado pérdidas por unos $1,000 millones.
Sobre la resolución judicial que favorece a la italiana Enel, partidos como el FMLN y GANA aún no emiten opiniones.