El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo que no se puede estimular el mercado de armas y que El Salvador se convierta en un país de la selva. Este es uno de los argumentos que dio el mandatario para vetar el decreto que contiene reformas a la legítima defensa.
El razonamiento del presidente de la República fue refutado de inmediato por el diputado Sigifredo Ochoa Pérez, de Democracia Salvadoreña. “No hay capacidad institucional de parte del Estado para dar seguridad a cada uno de los salvadoreños, especialmente cuando ha perdido mucho territorio ante el crecimiento y dominio de pandillas”, dijo.
Pero Sánchez Cerén también argumentó que no puede estimular el aumento del mercado de armas en el país y que todo el mundo se tenga que armar.
“Yo estudié en detalle la reforma que se presentó y muchos de ellos están comprendidos en el Código Penal, entonces para qué iba a agregar otra figura que no abonaba nada sino que ya estaba integrado. Por eso es que lo veté”, aseguró el gobernante.
El presidente señaló, asimismo, que “si ellos (los diputados) quieren hacerle una reforma al Código Penal, pues yo espero que sea acorde al espíritu que tienen los códigos que es garantizar la seguridad de las personas en las instituciones del Estado”.
Sin embargo, Ochoa Pérez dijo que no son reales esos argumentos. “El problema es que hay necesidad de defender la vida. La vida es un derecho legal y natural. Si a mí me atacan, tengo que defenderme, de lo contrario me van a sacrificar. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo es simplemente que la gente tenga opción ante la imposibilidad física, y sobre real, de que la Policía dé seguridad a todos porque no tiene control de todo el territorio”, enfatizó.
El jueves, el partido Democracia Salvadoreña exhortó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, “a no ceder a las presiones de los criminales organizados o grupos de personas que interceden por los pandilleros”.
A través de un comunicado, el partido político dijo que las pandillas ya mutaron al crimen organizado y están haciendo uso de armas de uso privativo de la Fuerza Armada. Con esas armas están atacando instalaciones policiales, ametrallando autobuses y enfrentándose a la Policía y a los ciudadanos en general, agregó.
“Nosotros teníamos confianza en que el gabinete de seguridad se pusiera del lado de los ciudadanos y se le recomendara al presidente que sancionara la propuesta de ley que legítima defensa, que logró una votación histórica en la Asamblea, pero es lamentable que haya ocurrido lo contrario”, afirmó Democracia Salvadoreña.