El partido Democracia Salvadoreña (DS) presentó este miércoles una pieza de correspondencia mediante la cual propuso a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley especial para el control del servicio de la telefonía móvil y fija en los centros penitenciarios.
El diputado Wilfredo Iraheta Sanabria, de DS, dijo que la Fiscalía General de la República ha reconfirmado que más del 80% de las extorsiones se realizan desde los centros penales, mientras que la Cámara de Comercio ha reiterado que cada semana 2 empresas cierran a raíz de las extorsiones.
Asimismo, esta práctica delictiva “causa un grave impacto que sufre el sector de transporte de pasajeros que ha reportado cada año pérdidas millonarias por negarse al pago de la renta. Esto hace que el delito de las extorsiones se ha convertido en la principal amenaza a la seguridad ciudadana, solo después de los homicidios”, agregó.
Diariamente muchos salvadoreños son víctimas de los criminales que les quitan la vida por negarse al pago de una extorsión, indicó.
El diputado de Democracia Salvadoreña señaló que, además, empleados del sistema penitenciario, personal de seguridad, servicios médicos, entre otros, son coaccionados por los internos para ingresar teléfonos a las cárceles. Este delito está afectando directamente las condiciones laborales de muchos salvadoreños.
De igual manera, muchos técnicos y especialista de algunas empresas que prestan servicios de telefonía con saldo pre pagado, están siendo amenazados o extorsionadas para que suban el volumen de las antenas en los contornos de los centros penales, especialmente en los de máxima seguridad.
Iraheta Sanabria dijo que, por ejemplo, se han registrado casos en los que un interno ha llegado a ofrecer hasta $20 mil dólares por ingresar un teléfono y esto implica que el gobierno deba gastar muchísimos recursos en acciones preventivas, requisas en la búsqueda de aparatos, pero el problema es recurrente y por eso se debe eliminar el problema de raíz.
Conocemos de estudios sobre los estados financieros de algunas compañías telefónicas que reportan hasta 6 millones de minutos en saldo prepagado en las cárceles y que las autoridades han decomisado teléfonos hasta con 5 mil dólares en salgo pre pagado en un solo aparato telefónico, subrayó.
Ley especial
El proyecto de ley tiene el objeto de regular el uso por parte de los privados de libertad del servicio de telefonía móvil, fija y de redes informáticas que utilizan líneas telefónicas en el interior de los centros penitenciarios, explicó Iraheta Sanabria.
Dijo que se exceptúa el uso del servicio de telefonía fija y de redes informáticas utilizadas para transmitir la información institucional.
En el proyecto de ley se establece que corresponderá a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones ordenar y supervisar, en el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el desmontaje de las antenas u otra acción técnica por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil o de redes informáticas.
Según la propuesta, queda expresamente prohibido a todos los operadores del servicio de telefonía móvil la ubicación de antenas para facilitar, brindar o prestar cobertura del servicio de telefonía en los centros penitenciarios del país y sus alrededores.
La propuesta de ley sugiere que serán calificadas como infracciones graves: la prestación del servicio de telefonía celular o de redes informáticas sin autorización emitida por la SIGET; negarse a prestar la información requerida por la SIGET y dificultar la labor de inspección por parte de la SIGET.
Sobre la multas que se tipificarán en la ley
Los operadores del servicio de telefonía móvil o de redes informáticas que cometan la infracción tipificada como muy grave serán sancionados con multa de 1 millón de dólares y la revocación del contrato de concesión por parte del Estado, implicando además responsabilidad penal para los mismos.
Los operadores que cometan las infracciones tipificadas como graves, serán sancionados con multa de 500 mil dólares cuando sea por primera vez y de 750 mil dólares por segunda vez. Como sanción accesoria podrá decretarse la suspensión del contrato de concesión por un período de tres a seis meses.