El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que tomará posesión este 1º de junio, amplió este miércoles la lista de las personas que ha tomado en cuenta para que le acompañen en su gestión.
Uno de los nombres mencionados fue Benito Lara, diputado del FMLN durante ocho años, y en quien Sánchez Cerén decidió poner en “el cargo más complicado” de todos: el del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Desde ya, reconoce el desafío que se puso frente a él, el de bajar los homicidios, combatir el crimen, disminuir extorsiones.
Benito Lara escuchó su nombramiento desde su pequeña oficina legislativa, ubicada al fondo de un pasillo de la fracción efemelenista. A su alrededor, no había más que cajas, su computadora, papeles y un par de cajas más. Previo a la entrevista, no terminaba de asimilar que se convertiría en el próximo ministro, una figura de la que algunos esperan haga magia para bajar los números rojos de la delincuencia que ataca a El Salvador. “Es un gran reto”, se repite atónito por unos minutos, mientras contestaba llamadas telefónicas de cercanos que recién se enteraban el cargo que le había sido otorgado.
Aunque tal vez se lo esperaba o tal vez no, puesto que asegura haber tenido nada más dos pláticas con Sánchez Cerén sobre temas de seguridad, habla con propiedad sobre algunas debilidades que persistieron durante el mandato de Mauricio Funes. Pese a estar claro que debe innovarse, aún cuando la población le exige un cambio en la estrategia, también cree que algunas de las políticas implementadas solo necesitan algunos “reajustes”.
Si algo sostiene de forma contundente es que su política de seguridad se enfocará en prevenir desde generaciones jóvenes, controlar territorio y reprimir el delito.
Para lograr efectos favorables, Benito Lara considera que se deben hacer esfuerzos comunes: “La seguridad pública es una obligación del Estado, con corresponsabilidad de todos”.
Usted es uno de los ministros que tiene uno de los más grandes retos del nuevo gobierno. ¿Qué evaluación le da al trabajo hecho por el Ministerio de Seguridad que está a punto de recibir?
Este gobierno, que es el primer gobierno de izquierda, es el que elaboró una política de seguridad pública, creo yo, la primera política integral. Lo que no logró hacer es implementarla a plenitud. Creo que hubo distintos factores que incidieron.
¿Cómo cuáles?
Creo que uno es que las instituciones del Estado no estaban listas para ejecutar una política integral ni preparadas para hacer un giro. Y es que el tema de la seguridad requiere que estos planes integrales exista cierto nivel de liderazgo, pero además convencimiento de las instituciones de que hay que dar un giro. Entonces, las instituciones de este país venían trabajando en el desarrollo de políticas, tipo mano dura.
Políticas de represión.
Todas de represión y hacer un giro no es tan fácil.
Y ese giro tenía que verse en las entidades y personas vinculadas, en agentes policiales…
Es que ese es el punto, porque es una política en la que hay que hacer un cambio de mentalidad. También creo que hubo un problema de liderazgo, en el sentido que no se logró poner en función de esto a todas las instituciones del Estado, que es parte de una nueva concepción de política integral. Otro punto que no lo permitió, es la presión. Ha habido una presión grande.
De parte de la sociedad.
Una presión social de querer las cosas ya, ya, ya. Cuando no es fácil. Se impulsaron algunas acciones que no se les logró dar sostenibilidad. Y ese es un problema serio, no solo del gobierno. He estado revisando experiencias de las instituciones internacionales, y todas tienen éxitos, pero hay un momento en el que el éxito se les viene al suelo. Entonces, nos quedamos diciendo: “hubo una buena práctica en tal año”, y no tenemos continuidad. La sostenibilidad y la continuidad son los problemas que no permitieron que la política se ejecutara como tal.
¿Hubo algún momento en el que sí consideró que la política de seguridad comenzaba a tomar rumbo?
Yo creo que sí. Fue en sus primeros meses. En 2010 hubo una disminución del crimen. Fue una disminución leve, pero iba marcando cierta tendencia y algunas veces es mejor marcar las tendencias a tener resultados abruptos, porque al tener resultados abruptos no sabe exactamente si eso va a ser sostenible o no.
¿Y ese combate se hizo a las estructuras del crimen?
Creo que una de las cosas efectivas es que se comenzó a hacer intervenciones de orden integral. Por ejemplo, en el Distrito Italia (Tonacatepeque, San Salvador), Apopa (San Salvador). Y creo que hubo un resultado sustancial y sigue teniendo algún resultado notable, pero eso no se llevó a otros lugares importantes a nivel nacional y mantenerlo sostenido, de esa tendencia que se estaba iniciando.
¿Pero cómo lograr que las políticas sean sostenibles?
Digamos que ese es como uno de los retos. No solo es el tema de la sostenibilidad, esto requiere recursos. Primero se necesita una buena política, una buena estrategia, planes. Y de ahí el tema de recursos, lo pongo de último, porque cuando lo ponemos de primero sucede que si no tiene una política acertada, lo invierte en cualquier cosa. La clave es la parte conceptual y tener prioridad. Pero también debe haber un principio de corresponsabilidad, el Estado asume, es el responsable; pero también todos nosotros, como empresarios, políticos, académicos.
La encuesta de la UCA dio a conocer que casi un 80% de la población espera un cambio en las políticas de seguridad, que debe haber un viraje.
Lo que no logré precisar de la UCA es qué tipo de cambio. Porque tal como está la cosa es para que uno ponga en primer lugar sus emociones antes del razonamiento. Y cuando uno pone sus emociones espera cualquier cosa a tranquilidad. Y algunas veces, cualquier cosa…
Es hasta tomar la justicia por las manos.
Sí, y el punto se complica.
Ya se dijo que la tregua no será el eje principal de seguridad…
La tregua no será el eje. Pero el tema de la tregua fue mal utilizado. El acuerdo entre ellos fue correcto y tuvo efectos positivos. Yo sí creo que cualquier cosa que podamos hacer para evitar muertes es correcto. Es un tema que lo vamos a discutir, sí es cierto que hay que darle sostenibilidad sin negociar con maras.
¿Y en qué falló?
De inicio hubo un mal manejo, incluso mediático. Y el papel de los medios es importante en la seguridad pública.
El presidente Sánchez Cerén dice que le va apostar a la prevención, dentro de esta política integral para combatir el crimen, se habla de prevención en otros sectores. Pero, cuando se sabe que hay jóvenes vinculados a pandillas, incluso algunos ya son sicarios, ¿desde qué punto comenzarían a prevenir?
El tema claro debe ser la parte preventiva, como componente de la política. Lo que tiene que ver con la participación de distintas instituciones del Estado y no del Estado en ir poco a poco disminuyendo factores de riesgo que hay en las comunidades. Y eso implica resolver problemas no tan estructurales, como de servicios sociales básicos. La presencia en las comunidades es importante, que no es lo mismo que hablar de presencia policial. Eso es otra cosa. Donde el Estado se sienta presencia y que la gente sienta que el Estado le resuelve.
La prevención en niños trataría de darles espacios para que se mantengan con la mirada puesta en otras actividades. O en el caso de jóvenes, más educación, oportunidades de empleo.
Debemos de partir que tenemos los problemas sociales más complejos de la región. Las maras y pandillas, que tiene que ver con sus orígenes. Hoy es más complejo, porque las políticas que se implementaron en años anteriores no fueron efectivas. Eso hace que este fenómeno, en lugar de reducirse, sea uno de los más complejos que hay. Yo sé que hay empresarios que toman la extorsión como parte de su presupuesto. Y lo toman como algo normal. Y no se complican.
Pero no todos.
Sí, algunos. Pero esto es parte de ese vínculo que hay con pandillas. Algunos gobiernos locales están claro que han hablado con ellos. Eso no es ningún error.
Sin embargo, están también las personas que tienen su negocio propio, y cuando se ven afectados por la renta, que prefieren cerrarlo.
Claro, la economía se estanca. Por eso debemos buscar la intervención de distintas instituciones e innovar en medidas que disminuyan los homicidios y extorsiones.
Hay lugares donde se les apuesta al deporte, otros son más académicos. ¿Pero no se necesita, más que mantener ocupados a los jóvenes, crearles un sentido, o un objetivo, de por qué luchar?
Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es un esfuerzo para que las nuevas generaciones no vean en esto su opción. Ese es un punto clave. Debe ser otra la opción. Ahí juegan un papel importante las escuelas inclusivas a tiempo pleno, por poner un caso, con la intervención del Ministerio de Educación. Lo que tenemos que garantizar es que los niños regresen seguros a sus casas. El otro tema es que debemos de generar en las comunidades una serie de oportunidades para todos, y no es dedicatoria a estos grupos. Y en eso, incorporarlos. Porque muchos han sido excluidos del sistema. Las medidas tienen que ser integrales y por eso este gobierno ha planteado que la economía, la educación y la seguridad son importantes para un cambio.
Se refiere al que vive en una comunidad determinada y que, sin pertenecer a una pandilla, se le ha relegado.
Hay comunidades que tienen un estigma.
¿La Campanera?
Ese es un caso en el que se cree que ahí hay únicamente pandilleros. Y no es cierto. Como que si ahí desde el primero hasta el último fueran delincuentes. Es que la prevención debe ser de primer orden. Aquí tenemos una costumbre; tenemos problemas de cuando hablamos de conceptos. Pero creo que debe haber claridad en conceptos, porque creo que eso a uno le da rumbo. Lo primero que debemos de precisar bien es cuáles son los componentes de la política.
¿Cómo contempla su política?
Uno de los componentes, no es este el orden, pero uno es control y represión del delito. Eso es claro. Eso implica mejorar las instituciones encargadas de la represión del delito, como la Policía. Una Policía más profesional. Nuestra policía es profesional, pero debemos de mejorar su profesionalidad. Eso implica un proceso de formación y capacitación permanente. No solo de mejorar sus condiciones, que tengan donde dormir. Pero tener dónde dormir, pero no tener claro el pensamiento de hacia dónde va la política. Las colchonetas servirán para dormir, nomás. De ahí, necesitamos mejorar el tema de investigación, de inteligencia, de control interno de la Policía. Mejorar su nivel de capacidad científica en la prueba.
El otro tema tiene que ver con el tema penal, y es como el esfuerzo del cumplimiento de lo que establece la Constitución, de que los centros penales sean centros de rehabilitación de verdad. Centros de formar a la gente para que se inserten a la sociedad. Primero hay que partir del drama en centros penales. Un centro penitenciario, con capacidad para 8,000 hoy tiene cerca de 27,000. Entonces, partiendo de ese drama de nivel de hacinamiento no se puede hacer cualquier cosa, a cualquier hora. Nosotros tenemos que convertir a los centros penales en áreas productivas.
¿Y esto implicaría hacer más centros penales?
No hay duda que se necesitan construir más, pero creo que con los que se tienen se pueden resolver. El tema es, digamos, que usted puede poner más centros penales, pero si no tienen políticas, y solo por meter a la gente, tampoco. A la gente hay que convertirla en productiva. Creo que hay que hacer programas, convenios con algunas instituciones, como Obras Públicas, algunos privados de libertad en fase de confianza pueden ir a hacer obra, oficios. Y los que están adentro, que no están en esa fase, debemos de ingeniárnoslo para que las cosas que hagan sean de productividad para la sociedad.
Otro componente de la política es la atención a las víctimas. Aquí han estado relegadas. Y tenemos una ley de víctimas y testigos. ¿De qué se trata? De que hagamos una revisión de los programas que está desarrollando. Y esperamos que haya una especie de colaboración con la Unidad Técnica porque esta no depende del gobierno. Pero ella puede permitir la coordinación entre todas las instituciones del Estado. Pero hoy por hoy, el programa es un poco limitado y no llega a atender a todas las víctimas.
Sobre el fortalecimiento de las instituciones, como es una cadena tanto de Policía, Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial, se sabe que incluso que un juez se ampara en dejar libre a alguien acusado de homicidio, solo porque las pruebas no son del todo contundentes. ¿Cómo hacer para que todo sea un círculo que se complemente?
Ahí implica, en primer lugar, armonizar y articular todas las instituciones del Estado. Aquí hay un poco de magia, porque todas las instituciones tienen su visión, misión. Lo cual es correcto. Pero, ¿cómo hacer para que todas, a partir de la diversidad, de las naturalezas distintas, tengamos un punto común? Cuando tenemos una persona lesionada, con arma de fuego, tenemos que accionar el sistema judicial. Pero esa persona va a parar al sistema de salud y eso implica recursos. Además tiene que ir a Medicina Legal, acciona la Fiscalía, la Policía. Con un hecho, todos nos vemos involucrados. Cómo hacer aterrizar a distintas instituciones, que no es el propósito de su naturaleza. Tenemos que trabajar y coincidir en una misma política de seguridad.
¿Y cómo la sociedad puede contribuir en esta cultura de paz?
Debemos generarle condiciones de participación a la gente y propiciar programas que nos vayan permitiendo crear una cultura de relación distinta.
Pero a todo esto, sin olvidar que está presente la intolerancia e insensibilidad.
Sí, es ir buscando las condiciones para que haya paz social.
Para que no se peleen por un parqueo, como en La Cima.
Sí, qué interesante que menciona La Cima, porque no estamos hablando de La Campanera. Y, hablando en buen salvadoreño, cuántas veces no le pitan la vieja a uno en La Escalón. Y no son vehículos viejitos. Son nuevos, que reflejan una capacidad económica. Existe una ley para la convivencia ciudadana, que es clave para que varias instituciones puedan actuar en caso de un conflicto, para resolver un problema social antes de que llegue a una falta o a un delito. Si logramos que el problema se quede ahí, el sistema judicial no tiene por qué congestionarse.