Una iniciativa del Presidente saliente, Mauricio Funes, hecha llegar a la Asamblea Legislativa por su todavía ministro Ricardo Perdomo para intentar proteger a personal de seguridad pública de los ataques que sufren -sobre todo de pandilleros- ha logrado consenso en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa en el sentido de reformar el Código Penal vigente.
Por unanimidad (este lunes), los diputados miembros de ese grupo parlamentario acordaron elaborar un dictamen favorable para apoyar la elevación de las penas contra quienes ataquen policías, militares o custodios penitenciarios, debido a que continúan como blanco de ataques armados.
Roberto d’Aubuisson, de ARENA, comprometió los votos de su partido para reformar el código siempre que se exima de la detención de 72 horas a los policías, militares o custodios que en legítima defensa sean responsables de las lesiones o decesos de sus victimarios.
Es decir, el arenero solicita que “no se lleve a la misma bartolina” a los policías o personal de seguridad que han repelido los ataques y que tampoco se detenga (en vías de investigación) a este personal cuando se determine que mataron a sus atacantes.
“No se les debe sancionar con las 72 horas de detención… Ellos son las víctimas”, insistió d’Aubuisson.
Otra propuesta del tricolor es incluir a los agentes de los cuerpos metropolitanos (CAM) como beneficiarios de la reforma de ley.
Para el diputado Jaime Valdés, del FMLN, el espíritu de la reforma es “válido” en el sentido de proteger al personal de seguridad pública, sin embargo, cuestionó que dentro de la propuesta se incluya a otro personal que poco tiene que ver con tareas de seguridad.
A su juicio, la reforma del Código Penal debe dirigirse a los policías, militares o custodios que en ejercicio de sus funciones se vean involucrados en hechos de violencia.
De acuerdo con Mario Tenorio, presidente de la Comisión de Legislación por GANA, la propuesta establece rangos para quienes atenten contra la integridad del personal de seguridad.
Se sugiere penas de cárcel de 20 a 30 años, de 30 a 50 años y de 40 a 60, siendo esta última la mayor de las sanciones.
Tenorio admitió que se preparará el dictamen favorable para cambiar el Código Penal, sin embargo, será el próximo jueves (paralelo a la sesión plenaria) cuando se tomen los últimos acuerdos sobre las sanciones a imponer y si se admite la no detención de personal que actúe en legítima defensa.
“Se trata de tipificar como agravado todo acto que haya sido dirigido contra agentes de la PNC, soldados o custodios de centros penitenciarios que hayan sufrido algún atentado”, señaló.
De la extinción de dominio
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales también estudió, este lunes, una solicitud del diputado Antonio Almendáriz en el sentido de prorrogar la instalación de los tribunales especializados surgidos con la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio.
De acuerdo con Almendariz, este 29 de mayo vence el plazo para que se creen esos juzgados, sin embargo la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que “no se ha capacidad al personal” responsable de las nuevas oficinas.
Por mayoría, los diputados de Legislación acordaron otorgar seis meses de extensión al Órgano Judicial para que prepare a jueces, secretarios y demás personal que requieran los tribunales especializados.
“Falta capacitación al personal”, sostuvo el diputado Tenorio, presidente de la comisión, para apoyar la extensión de plazo.
La Ley de Extinción de Dominio fue promulgada el 7 de noviembre de 2013 con el propósito de despojar de bienes (dinero, inmuebles) a grupos criminales y utilizar lo colectado en programas de combate al delito.
En la ley se concedieron seis meses a la Corte Suprema para que creara los tribunales especializados pero no cumplió el plazo y ahora se le concede un semestre más.