Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) informaron que 12 empresas serán sancionadas por coaccionar a sus empleados a votar por un determinado partido político en el marco de las elecciones presidenciales.
Asimismo, explicaron que las inspecciones se han realizado, hasta el momento, en 37 empresas y en 12 de estas se comprobó que han inducido a sus empleados a votar por un determinado partido. En este sentido, han violado el artículo 78 de la Constitución de la República y el 4 del Código Electoral, que establece una garantía para el ejercicio libre del sufragio, explicó el director general de inspección del MTPS, Jorge Bolaños.
“Una vez se compruebe la denuncia, el Ministerio de Trabajo procede a la aplicación de la sanción, además de presentar los casos ante la Fiscalía General de la República para que proceda penalmente de acuerdo a lo que establece el Código Penal”, dijo Bolaños.
La sanción aplicada por el ministerio es de $57 por persona que haya sido coaccionada a votar por un partido político.
Las autoridades de esta cartera estatal afirmaron que han recibido 148 denuncias contra empresas que habrían coaccionado a sus trabajadores para que orienten su voto hacia uno de los partidos contendientes.
Bolaños aseguró que las denuncias contra las empresas se han dado en los rubros de la industria, el comercio, el agro, las maquilas y las alcaldías.
El MTPS reiteró el llamado a los trabajadores que han sido agraviados con este tipo de acciones a realizar la denuncia al número 2529-3890 o al correo electrónico anticorrupción@mtps.gob.sv, tomando en cuenta que la información proporcionada es estrictamente confidencial.
Para los comicios del 2 de febrero esta cartera de Estado recibió seis denuncias en total y desde el jueves de la semana pasada la cifra se incrementó, con miras a la segunda vuelta electoral.
El artículo 30 del Código de Trabajo prohíbe a los empleadores tratar de influir sobre el ejercicio libre de los derechos políticos o religiosos de sus empleados, mientras que el artículo 295 del Código Penal establece el delito de fraude electoral, cuya sanción es la pena de prisión de cuatro a seis años.