El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ratificó la inmovilización de los productos financieros y bienes inmuebles que se encuentran a nombre del expresidente de la República Francisco Flores, informó este martes del Fiscal General de la Republica (FGR), Luis Martínez.
Durante una entrevista en El Noticiero, de canal 6, el funcionario respondió al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, quien afirmó ante la comisión especial que investiga el destino de fondos donados por Taiwán durante la administración Flores que este día vencía el plazo de la medida cautelar decretada por la Fiscalía contra el exmandatario.
“Debo aclarar ante comentarios irresponsables de algunos analistas y funcionarios pusilánimes que no conocen el tema de la investigación y se atreven en forma irresponsable a hacer comentarios con el único afán de confundir y generar tensión en un ambiente electoral”, agregó.
El fiscal Martínez sostuvo que está desarrollando una investigación seria sobre este caso. “Ante las expectativas que hoy vencía el plazo para la ratificación del congelamiento de los bienes que ordenamos, debo aclarar que desde el día 5 de febrero el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ratificó la inmovilización de los productos financieros y bienes inmuebles a nombre del señor Francisco Guillermo Flores Pérez”, afirmó.
Asimismo, Martínez informó que la FGR ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que “despachen asistencias internacionales hacia Costa Rica, Las Bahamas y Estados Unidos. Esperamos que el próximo jueves atiendan y despachen dichas asistencias”.
El funcionario no explicó en qué consisten las referidas “asistencias” en torno a este caso.
Sin embargo, detalló que en la investigación en torno al destino de donativos de Taiwán durante la presidencia de Francisco Flores la Fiscalía está trabajando en colaboración con organismos internacionales como el GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) e instituciones gubernamentales de Estados Unidos.
El GAFIC es una organización integrada por 29 Estados de la Cuenca del Caribe y Centroamérica que han acordado poner en práctica contramedidas en común para responder a la problemática del delito de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otras actividades derivadas del lavado.