Una vez más, las declaraciones del ex presidente Francisco Flores quedaron en entredicho por parte de sus más cercanos y antiguos colaboradores.
Este martes, los ex tesoreros del Consejo Ejecutivo arenero (COENA), Juan Wright y Eduardo Zablah, coincidieron en no tener conocimiento sobre algún dinero entregado por Taiwán al partido tricolor tal como afirmó el ex presidente de la República, Francisco Flores.
Los ex tesoreros también dijeron desconocer si los taiwaneses le entregaron fondos directos al ex gobernante para otros fines.
Tras las declaraciones de los ex tesoreros, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, sentenció que con esto se «cierra el círculo» de las investigaciones sobre si el dinero se entregó a ARENA o no como dijo Flores el pasado 7 de enero.
«Este es un trámite para saber si el dinero llegó a ARENA», comentó.
El diputado naranja ha insistido que con las declaraciones que ponen en entredicho a Flores se valida la tesis que él fue quien recibió directamente el dinero y lo manejó discrecionalmente, es decir, no fue destinado al Instituto Libertad y Progreso, tampoco a ARENA, ni para pago de informantes ni para el combate de secuestros.
En otras palabras, se reafirma el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señala que los $10 millones pasaron a cuentas personales del ex mandatario arenero.
Gravísimo delito
El procurador de Derechos Humanos, David Morales, también compareció este martes en la Comisión Especial legislativa donde expuso sobre el grave impacto que generan los actos de corrupción en el Estado en detrimento de los derechos humanos de la población.
Según dijo, todo acto de corrupción lesiona el derecho a la vida de las personas, sobre todo, cuando el dinero de Taiwán originalmente iba a ser destinado para diversos proyectos ciudadanos.
«La corrupción es un gravísimo delito… se debe investigar al ex presidente Flores, así como a todos los altos funcionarios de su gobierno», declaró Morales.
El procurador confió, no obstante, en que las instituciones del Estado harán lo que les ordena la ley y procesarán a quienes se encuentren involucrados en el delito.
«Debe haber investigación seria, la investigación efectiva se impone», añadió el procurador en alusión directa al papel que debe desempeñar la Fiscalía General de la República.