La negativa de las autoridades taiwanesas de entregar información relativa a esas donaciones, que el gobierno salvadoreño estima en al menos 10 millones de dólares, ha provocado un enfriamiento de las relaciones.
El canciller salvadoreño, Jaime Miranda, explicó que desde el pasado 7 de noviembre presentó el pedido de información relativa a las donaciones, efectuadas entre octubre de 2003 y abril de 2004 al entonces presidente Francisco Flores (1999-2004).
«Ellos (Taiwán) nos respondieron el 14 y el 22 de noviembre en la última nota verbal diciéndonos que no nos podían dar los datos (…) aducían que eran datos viejos enviados a su Corte de Cuentas (Contraloría)», comentó Miranda en una declaración a la prensa.
El actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha insistido en pedir explicaciones sobre estos fondos, que son citados en un reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sin registro ni fiscalización
En comparecencia ante una comisión investigadora del Congreso, Flores admitió el martes haber recibido cheques de cooperación de Taiwán, pero dijo que los fondos no eran para su uso personal sino para asuntos de interés público, como la ayuda a los damnificados de dos terremotos ocurridos en 2001 y la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, reconoció que los fondos no ingresaron a las arcas de ninguna institución estatal.
«Yo nunca gestioné ni recibí fondos del gobierno de Taiwán para ninguna cuenta pública, no los recibí adentro de ningún convenio de cooperación, no los recibí adentro de un protocolo establecido, simple y sencillamente los recibí de parte de una persona que era el presidente de Taiwán», declaró Flores ante la comisión legislativa.
«Yo cuando los gestionaba (los fondos) no los gestionaba para mí (…). Lo único que hice, que era mi papel, era entregar esos fondos a sus destinatarios», aseguró el ex gobernante.
Además, dijo que en esas entregas no participaba «ningún funcionario» porque era una cuestión «totalmente personal y privada».
«Que la cooperación viniera en un cheque personal a nombre del jefe de Estado o de organización, era una práctica común que duró por décadas y que era una peculiaridad del gobierno de Taiwán», agregó.
El martes, la cancillería salvadoreña convocó a la embajadora de El Salvador en Taipei, Marta Chang, para «recibir instrucciones sobre las dilaciones que el gobierno taiwanés ha tenido a las reiteradas solicitudes de información».
El canciller confirmó que el martes se reunió con el embajador de Taiwán en San Salvador, Andrea Lee, al tiempo que Chang se entrevistaba con el canciller taiwanés, David Li, quien se comprometió a entregar una respuesta.
«El canciller taiwanés nos aseguró que el día de mañana (jueves) tendríamos una respuesta de Taiwán a nuestras peticiones. Esperamos que esas respuestas sean satisfactorias y sobre esa base creemos que seguiremos caminando en nuestra relación con Taiwán de forma adecuada», estimó Miranda.
Diplomacia del dólar
Para el profesor universitario y analista Roberto Cañas, la polémica situación se origina en «la política del dólar», utilizada por Taiwán para «comprar lealtades».
«Lo de fondo es que tuvimos la diplomacia del dólar que buscaba comprar lealtades de los pocos países que la apoyan (a Taiwán). No va a pasar nada porque el caso no se judicializará en El Salvador, pero representará una mancha más en el tigre asiático», destacó Cañas.
Por su parte, el analista de derecha Kirio Waldo Salgado, estimó que Flores en su declaración «hizo escarnio del gobierno de China-Taiwán» al señalarlo como un gobierno que paga los votos en las Naciones Unidas.
Flores dijo en su declaración al Congreso que la práctica de dar cheques personales a jefes de Estado era una práctica común de Taiwán, dentro de la relación con los países que apoyaban su aspiración de ser un Estado «soberano e independiente».
Sólo 22 países y estados, en su mayoría de Centroamérica y El Caribe, mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, que es considerada una «provincia rebelde» por parte de China.
Gobiernos centroamericanos en apuros por donaciones de Taiwán
Las donaciones de Taiwán a los países de Centroamérica han provocado diversas denuncias de corrupción contra exgobernantes de la región.
Las denuncias involucran a otros exgobernantes y altos funcionarios en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, mientras que en Panamá se investigó un supuesto desvío de fondos, en tanto que desde Taiwán se informó de que la expresidenta panameña Mireya Moscoso recibió presuntamente como regalo un millón de dólares del presidente taiwanés, Chen Shui-bian.
Costa Rica es el país más afectado con estas denuncias, ya que llevaron a que el secretario general de la OEA, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), renunciara al cargo para enfrentarse a la justicia de su país.
El exmandatario ha sido investigado por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y corrupción por recibir supuestos pagos irregulares durante su gobierno y en el financiamiento de su campaña electoral. Específicamente, en relación con Taiwán se le imputa haber recibido 400,000 dólares del gobierno en una cuenta en Panamá para su beneficio personal.
Para el caso de Nicaragua, a Enrique Bolaños (presidente 2002-2007) se le acusó de corrupción a través de fondos provenientes de Taiwán. En su campaña electoral (2001), afloró que el Partido Liberal Constitucional (PLC), que lo llevó al poder, recibió alrededor de 4.9 millones de dólares de un banco y una empresa de Taiwán.
En Panamá, el Procurador General, José Antonio Sossa, inició una investigación sobre las donaciones efectuadas por las autoridades de Taiwán al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), del Partido Arnulfista (PA).
Las supuestas irregularidades se refieren al desconocimiento de cuál ha sido el destino de unos 70 millones de dólares que Taiwán dejó fluir hacia la administración Moscoso. El dinero no fue girado hacia el Estado, sino hacia fundaciones privadas que eran administradas por los íntimos de la presidenta.
En Guatemala, una ayuda de Taiwán por $1.5 millones fue girada en cheques a nombre de Alfonso Portillo Cabrera. El primero de estos pagos, por valor de 500,000 dólares, le fue entregado cuando todavía era candidato y los dos restantes en momentos distintos de su presidencia.