Durante la plenaria de este jueves, con 83 votos, se logró aprobar las reformas a 13 artículos que permitirán que El Salvador llene “los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y activos”.
Los partidos políticos, finalmente, fueron incluidos como sujetos de aplicación de ley tras un acuerdo logrado entre todas las fracciones. Así como también todo lo que concierne al sistema financiero, empresas que se dedican al comercio de naves y aeronaves y las asociaciones deportivas.
Al incluir estos sujetos, se tomaron en cuenta las recomendaciones hechas a la Comisión de Seguridad, encargada de hacer las enmiendas, por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
La fracción de ARENA, desde inicios de la plenaria, solicitó que también se tomara en cuenta la figura de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP). Según declaró el diputado Ernesto Angulo, las personas de alto rango que se les ha confiado el manejo de instituciones, gerencias y direcciones, también son propensas al lavado de activos, y no necesariamente podrían pertenecer a un partido.
Pese a cabildear para que fuera apoyada e incluir la iniciativa en el artículo 9 de la ley, esta no recibió los votos suficientes.
Mientras se daba lectura a los artículos a ser reformados, se solicitaron cambios en la redacción así como la integración de otros sujetos.
Los medios de comunicación, jueces y personas naturales jurídicas fueron incluidos en las modificaciones de último momento.
Aunque las reformas fueron aprobadas, el fiscal general, Luis Martínez, de inmediato se expresó en desacuerdo.
En su cuenta de Twitter, el fiscal escribió que estas reformas no llenan las recomendaciones del GAFIC, por lo que pedirá al presidente Mauricio Funes que las observe.
“Se pedirá al Presidente observaciones a dichas reforma por no estar conforme a recomendación GAFIC”, expresó.
De la misma forma reaccionaron los diputados de ARENA quienes, dentro del Salón Azul de la Asamblea, realizaron una conferencia de prensa para indicar que también solicitarán al presidente Funes que observe las reformas aprobadas ya que no cumplen con las exigencias del GAFIC.
Los diputados tricolores Ernesto Angulo, Patricia Salazar y David Reyes piden que dentro de los sujetos aplicables de la ley se incluya a las Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Las reformas eran uno de los dos puntos claves para que la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) realice el desembolso del segundo compacto de FOMILENIO. Tal como lo manifestó días atrás el presidente Funes, quien además sostuvo que la MCC solicita se aprueben las reformas a la Ley de Asocio Público-Privados para garantizar un clima de inversión y fortalecer el Estado de Derecho en El Salvador.
El secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, reiteró hoy la urgencia realizada por la MCC.
Ante este llamado, el diputado de “Unidos por El Salvador”, Jesús Grande, dijo que están “conscientes que esto se debe hacer no por los EEUU si no por una deuda que tenemos con la población”.
Las reformas a la ley de asocio público privado son las únicas que aún siguen en estudio dentro de la Comisión de Hacienda.