El ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, propuso nuevas regulaciones a las empresas de telefonía celular para combatir las extorsiones por medio de teléfonos, ya sea dentro de las cárceles o fuera de estas.
El titular de Seguridad entregó la propuesta de reformas la mañana de este jueves al presidente de la Asamblea, Sigifrido Reyes.
“Estamos cerrándole espacios a la criminalidad al evitar llamadas para extorsiones desde los centros penales y cualquier punto del país… el propósito es facilitar la prevención del delito y proceder a la captura de los delincuentes”, expuso el ministro.
Las modificaciones sugeridas incluyen obligar a las compañías de teléfonos a brindar información sobre el origen, ubicación y datos de los abonados cuando se tenga una denuncia de extorsión vía telefónica. Así mismo que las compañías bloqueen sin contratiempos todos aquellos aparatos que han sido reportados como hurtados o robados.
También se espera corregir que las empresas sigan entregando teléfonos sin registro fidedigno de los usuarios, lo cual se lograría con la exigencia del DUI y su respectivo cotejo con el Registro Nacional de Personas Naturales.
Según el ministro Perdomo, en el país se registran, al menos, siete millones de celulares, sin embargo no se puede establecer cuántos de estos carecen de registros de abonados o cuántos de ellos tienen identidad de personas fallecidas. “Es difícil saberlo”, admitió.
Por otra parte, dentro de la Ley de Telecomunicaciones la prohibición de que las empresas sigan entregando aparatos con registros o datos de identidad de personas ya fallecidas.
“Queremos la regulación de las señales en los centros penales, que no sean altas sino iguales o inferiores (que el resto del país)… y que no alteren la capacidad de los bloqueadores o los inhibidores”, añadió Perdomo.
El presidente de la Asamblea, Reyes, expresó satisfacción por las reformas propuestas ya que se espera “sellar los agujeros que existen en los sistemas de tecnologías de comunicación que son aprovechados por los delincuentes… es importante reconocer abusos de la tecnología para cometer crímenes, pues el Estado tiene que tomar medidas”, indicó Reyes.