El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rosalío Tóchez, dijo este jueves que la Coordinación General de Auditoría y la Dirección de Auditoria Interna de esa institución encontraron 4,289 expedientes que fueron engavetados, generado entre el periodo 1999 a 2003.
Hasta el momento, la CCR solo ha hecho una revisión exhaustiva de 857 expedientes que representan un monto total cuestionado de aproximadamente 120 millones de dólares que ha perdido el Estado salvadoreño.
La Corte de Cuentas ha examinado hasta este momento expedientes que no fueron tramitados debidamente y que pasaron a los archivos institucionales sin diligenciarlos. Dichos expedientes han sido divididos en tres grupos.
El primero de ellos consisten en un paquete de documentos sin juicio de cuentas, con un monto de $43 millones 645 mil 428. Entre estos, mencionaron como casos destacados expedientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), bajo la administración de Ana Vilma de Escobar, que tiene un monto cuestionado por 11 millones 997 mil 541 dólares. Asimismo, un caso relevante es del Viceministerio de Vivienda (1999-2001) con un monto cuestionado por 5 millones 364 mil 687.
Otros expedientes señalan al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) con un monto cuestionado por 7 millones 289 mil 612 para el periodo 2001. Así como los expedientes del Ministerio de Salud para el mismo periodo por una cantidad de 2 millones 545 mil 356. El Ministerio de Obras Públicas, durante la administración de José Ángel Quirós (en 2002), es otro de los expedientes cuestionados por 1 millón 259 mil 827
Un segundo grupo de expedientes cosiste en un paquete del cual tiene conocimiento la Fiscalía General de la República (FGR) para gestionar la recuperación de las responsabilidades administrativas y patrimoniales que asciende a un monto cuestionado por $40 millones 884 mil 642.
Entre algunos casos relevantes informaron esta mañana en conferencia de prensa los expedientes del proyecto RESA que tiene un monto cuestionado por $7 millones 165 mil 617. Otro caso son los documentos que señalan a la Dirección General de Centros Penales por $5 millones 846 mil 244. Asimismo, cuestiona a la municipalidad de san Rafael Cedros (departamento de Cuscatlán) por 165,641 y a la municipalidad de Soyapango con un monto cuestionado por $110 mil 791.
El tercer grupo consiste en los que se encuentran en Cámara de Segunda Instancia de la CCR en proceso de apelación que en total el monto cuestionado es de $35 millones 764 mil 957. Algunos casos destacados en este punto son expedientes que señalan a la alcaldía municipal de Mejicanos por un monto de $563 mil 897 y $181,810. Así como al Hospital de Santa Tecla cuestionado por $622 mil 633 y a la alcaldía de La Unión con un monto de $540,616. Todos los casos para el mismo periodo.
“Se sospecha que hubo una actitud de corresponsabilidad en estos procesos porque no debieron enviarse a los archivos sino finalizarlos como la ley manda”, indicó el presidente de la Corte de Cuentas, quien ofreció la conferencia en compañía del Coordinador General de Auditoría de este ente contralor, Luis Amílcar Varela.
“Mi obligación de funcionario es decir la verdad y apostarle a la transparencia. No más corrupción”, sostuvo Tóchez. Sin embargo, el presidente se negó en reiteradas ocasiones a relevar nombres de funcionarios que obtuvieron finiquito pese a tener juicios de cuentas.
El funcionario también reveló que hace unos días se encontró en una Cámara de Primera Instancia de la CCR la existencia de 25 expedientes que no se sometieron a juicio de cuentas, los cuales ascienden a $2 millones 11 mil 500.
Algunos casos relevantes de este hallazgo muestran un monto cuestionado del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano por $1 millón 162 mil 977 en concepto de reparos; así como al Hospital Rosales por $568 mil 826 como sumatoria de los reparos
La revelación de informes se realizó, de acuerdo con el mensaje que Rosalío Tóchez publicó en su cuenta de Facebook, donde anunció que revelaría informes ocultados intencionalmente por administraciones anteriores.
Durante la conferencia de prensa, Tóchez afirmó que el Fiscal General, Luis Martínez, tiene la obligación de analizar estos casos y proceder de conformidad a la ley, ya que al ocultar los expedientes se hizo un daño patrimonial al Estado y a la democracia. Además agregó que ha solictado a la FGR un informe detallado sobre el proceso de recuperación de los casos de los que tiene conocimiento la Fiscalía (segundo grupo).
Archivos que fueron engavetados en administraciones anteriores. Foto D1: Teresa Andrade
Fiscal desestima expedientes de Corte de Cuentas
El Fiscal General Luis Martínez, afirmó que la Corte de Cuentas de la República le remitió unos expedientes sobre investigaciones que ese entre hizo en contra de exfuncionarios del partido Arena, aunque declinó revelar cuantas piezas y que casos son.
“Parece que el pasado miércoles los trajeron y me imagino que algunos se los vamos a regresar porque no podemos hacer el trabajo de la Corte de Cuentas. Nosotros revisamos la caja y haremos las cobranzas de multas que tengamos que hacer”, sentenció Martínez.
“Voy a revisar los casos y mal hace el presidente Tóchez en mandar los casos que ya están prescritos, porque no se puede hacer nada al respecto. No se puede mandar expedientes solo por mandar y por lo menos me hubiera llamado para coordinar el trabajo en torno a los casos”, indicó el Fiscal General.
Al ser cuestionado de son cuarenta millones de dólares los que Corte de Cuenta pide recuperar, el funcionario se limitó a decir: “por el momento se dice que son cuarenta millones los que hay que recuperar y no sabemos si o no los vamos a recuperar”.
Estas declaraciones las dio en el marco de una reunión de trabajo que sostuvo la tarde de ese jueves, con dos fiscales de los Estados Unidos, para precisar sobre las indagaciones del Reporte de Operaciones Sospechosas que hace en contra del expresidente Francisco Flores. El funcionario detalló que ellos están cooperando en toda clase de delitos y no uno en específico.