Las reformas a la Ley Antilavado, de nuevo, fueron motivo de discordia entre los diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa al punto que se frustró toda posibilidad de aprobarlas en la sesión de este jueves.
El presidente del grupo parlamentario, José Almendáriz, reconoció en tono lacónico: “sí, otra vez se frustraron… Esta es la cuarta vez que ocurre”.
Los diputados miembros de la Comisión de Seguridad fueron convocados de forma paralela al desarrollo de la sesión plenaria para avanzar en el tema, sin embargo el esfuerzo no fructificó.
Los diputados recibieron una carta de la Fiscalía General de la República (FGR)) donde hacía énfasis en lo “adecuado” y “conveniente” de aprobar las modificaciones tal como lo exige el organismo antilavado de Naciones Unidas (GAFI), pero –al igual que en ocasiones previas- lo expuesto por esta oficina no tuvo mayor eco.
Dos puntos siguen como discordia, incluir en el cuerpo de ley la figura de “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), así como incluir el término de “partidos políticos” como entes aplicables de la normativa.
Es más, en la carta de la Fiscalía se enfatiza que en el artículo 2 de la Ley Antilavado es “conveniente” incluir en el literal “g” a los “partidos políticos” como sujetos de la aplicación de la ley.
Partidos como el FMLN se oponen a establecer en la legislación “dedicatorias” a los institutos políticos, aunque CN, ARENA y GANA opinan lo contrario.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Almendáriz, es de Concertación Nacional y apoya que las reformas sean tal cual las solicita el GAFI.
“Deben ser aprobadas (las modificaciones) como se ha solicitado y ahora tenemos que ver cómo se avanza en esto para evitar cualquier sanción al país. Como PCN vamos a seguir insistiendo a fin de que podamos hacer conciencia” sobre el tema, expuso Almendáriz.
De acuerdo con GAFI, El Salvador podría ser sujeto de sanciones económicas de parte de organismos monetarios internacionales si no se aprueban las reformas tal como se han solicitado.