La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, aseguró este lunes que se está trabajando para implementar un plan que alivie las preocupaciones de los congresistas estadounidenses derivadas del clima de inversión en el país. Esto, por ahora, ha sido un freno para que firmen el acuerdo del FOMILENIO II.
Entre estás problemáticas, indicó, esperaría que se efectúen avances en el combate al lavado de activos, la persecución a las extorsiones, entre otras. Agregó que estás problemáticas son prioridad para la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), la oficina que financiará el segundo compacto del FOMILENIO.
Aponte expresó que se necesitan de compromisos visibles y que demuestren un adelanto para la solución de estos temas que han preocupado a los congresistas y a los senadores. “Es importante que estos compromisos tengan varios planos, de corto, mediano y largo plazo”, agregó.
En este sentido, hizo referencia a los compromisos que adquirió el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, hace una semana. “Estos son bien de corto plazo y todos serían para antes de junio, para antes de que este gobierno termine”, refirió.
Segovia ha manifestado que luego de hacer un consenso en el seno del Consejo para el Crecimiento coincidieron en ejecutar un plan de acción de manera conjunta que permita superar los obstáculos del crecimiento en el país.
En este plan, se incluye la reforma a la ley de Asocios Públicos Privados, la ley de agilización de trámites de la construcción, la ley de pérdida de dominio y las reformas a ley de lavado de dinero, entre otras.
“Como gobierno, esperamos que sea lo antes posible (la firma del convenio FOMILENIO II) y lo presentamos (el plan) a ellos para mandar señales de certidumbre y de compromiso, con un plan de acciones prioritarias, para un gobierno de transición”, expresó en el pasado Segovia.
Según el funcionario, este plan de acciones prioritarias define las actividades que se realizarán para superar las restricciones para el crecimiento en los meses previos a que finalice la administración de la administración actual.
Aponte agregó que dentro de estos compromisos adquiridos, se encuentra la creación de una unidad dentro de la Policía Nacional Civil para dedicarse exclusivamente al lavado de dinero y el combate a la narcoactividad, donde se detalla qué van a hacer, quiénes la van a componer y el plan de trabajo a ejecutarse.
En este sentido, el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Perdomo, aseguró que la División de Delitos Financieros de la PNC ya está constituida conforme al decreto Ejecutivo del presidente Mauricio Funes. Agregó que se está trabajando en la organización de esta nueva unidad.
Sin embargo, admitió que si no se tiene una plataforma legal para funcionar es difícil su implementación. “Estamos esperando que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma a la ley de lavado de dinero para que también le dé facultades a la PNC para desarrollar investigaciones que, posteriormente, se le entregarán a la Fiscalía para que posteriormente lleve la dirección funcional de las operaciones”, explicó.
Mientras tanto, en el Legislativo la ley ha estado entrampada por más de cuatro semanas sin llegar a un acuerdo entre los partidos políticos. Aunque hay consenso en la mayoría de los artículos, persiste la polémica por la inclusión expresa de los partidos políticos como sujetos obligados y a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y sus familiares y personas cercanas.
Aponte reiteró que aunque aún no se tiene una fecha de firma del acuerdo del FOMILENIO II, espera que sea pronto y que se está trabajando arduamente para que sea en las próximas semanas.