El presidente de la República, Mauricio Funes, dijo este jueves que la firma para la entrega al país del segundo compacto de la Corporación Reto del Milenio (MCC) depende de la aprobación de las reformas a la ley antilavado y de la Ley de Asocio Público Privado (APP) que aún están en estudio en la Asamblea Legislativa.
Indicó que los directivos de la MCC han condicionado la firma de Fomilenio II a que los diputados salvadoreños aprueben la APP e introduzcan modificaciones a la legislación contra el lavado de dinero. “Estas aprobaciones son importantes para desbloquear la aprobación y la entrega del segundo compacto”, agregó.
El mandatario señaló que las reformas a la ley antilavado fueron propuestas por el Fiscal General de la República, Luis Martínez, siguiendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), a fin de homologar la legislación salvadoreña con la normativa internacional en materia de lavado de dinero.
“A decir verdad, el segundo compacto ya fue aprobado. Lo que no hemos hecho aún es firmar. Pero la firma depende de que se aprueben esas reformas”, expresó.
En este sentido, Funes exhortó a los diputados a que incluyan en la agenda legislativa la aprobación de la legislación de asocios y las reformas mencionadas.
La semana pasada, el fiscal Luis Martínez responsabilizó a los diputados de las consecuencias que pueda ocasionar al país el retraso en la aprobación de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. El funcionario ha solicitado 14 cambios a la ley antilavado para cumplir con las recomendaciones que hizo el GAFIC.
La Comisión de Seguridad Pública acordó la semana pasada retomar hasta dentro de 15 días el tema de las modificaciones a la legislación contra el lavado de dinero.
La XXXVIII Reunión Plenaria del GAFIC se realizará el 18 de noviembre y se evaluará el cumplimiento del país a las recomendaciones contra lavado de dinero, de acuerdo con el fiscal Martínez.
Se frustra otro intento por aprobar ley antilavado
El diputado del PCN Antonio Almendáriz le dio la razón al presidente Funes sobre la necesidad de aprobar con urgencia las reformas a la ley, puesto que pone en riesgo el segundo compacto.
«Nosotros como PCN sabemos que si la Gafic nos pone en la lista negra, nos pueden cerrar las puertas de FOMILENIO», dijo el legislador a lo que agregó que entre otros de los posibles riesgos es que la inversión extranjera que está en el país. Para él, el no aprobarlas con prontitud significaría que el país quiere mantener un paraíso fiscal.
Almendáriz convocó a la comisión de Seguridad para tratar este tema.Sin embargo, nuevamente se frustró el intento por aprobar las mencionadas reformas porque el dictamen no obtuvo los votos necesarios para que fuera conocido por el pleno legislativo para su respectiva aprobación.
Responde a embajadora
Por otra parte, el presidente Funes respondió a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, quien expresó el martes pasado que hay preocupación en la comunidad internacional sobre cómo el país está manejando el arbitraje internacional en torno caso Cel-Enel.
El gobernante salvadoreño dijo: “es lógico (que) en la comunidad de inversionistas exista preocupación cuando no se cumple un contrato. Este es un caso muy diferente, aquí no estamos hablando de cualquier incumplimiento, estamos hablando de un contrato lesivo para los intereses del Estado. De un contrato que fue fraguado deliberadamente por funcionarios de gobierno en complicidad con inversionistas internacionales para despojarle a El Salvador del control soberano de una de las más importantes fuentes de energía”.
Subrayó que comprende la preocupación de la embajadora, especialmente porque ella representa los intereses de otro país. “Pero yo no me rijo por los intereses de otro país, sino por los intereses de los salvadoreños. Me preocupa más que los salvadoreños perdamos el control de una importante fuente generadora de energía”, acotó.
“Tiene razón la señora embajadora se preocuparse por la comunidad de inversionistas, pero yo no respondo ni a los intereses de la comunidad de inversionistas ni los intereses de embajadores de otros países. Respondo a los intereses del pueblo salvadoreño”, puntualizó Funes.