El debate de los diputados de la Comisión de Trabajo en torno a la compensación económica por renuncia voluntaria avanzó significativamente este miércoles.
En el seno del grupo parlamentario se lograron dos acuerdos. El primero es que será elaborado un solo dictamen con tres decretos y, el otro, es que habrá una “encerrona” el próximo miércoles para avanzar en el tema.
La idea de los tres decretos surge debido a que los empleados públicos o privados se rigen por diversas leyes vigentes. Por ejemplo, en el sector público están las leyes de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa Municipal.
En el sector privado domina la normativa sobre Salario Mínimo, que establece diferencias en lo que se percibe en el área urbana o rural, así como por el tipo de servicio que se presta.
Los diputados Dennis Córdova, del FMLN; Claudia Ramírez, de “Unidos por El Salvador”, y Rafael Morán, de GANA, coinciden en preparar los tres decretos de acuerdo al sector laboral.
El diputado por ARENA David Reyes, al principio sugirió elaborar un solo proyecto de ley para el sector público y privadoque garantizara la compensación por renuncia, sin embargo, al final se plegó a la idea de los tres decretos.
“No podemos hacer una ensalada. Tenemos que ordenar la legislación”, agregó la diputada Enma Julia Fabián, también del FMLN.
Este miércoles, se estudió brevemente la propuesta que regirá la renuncia voluntaria en el sector privado.
Esta se denomina “Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria” y aunque tiene algunos artículos se acordó retomarla durante la encerrona del próximo miércoles.
Los diputados de la Comisión de Trabajo también recibieron del equipo técnico una propuesta sobre la compensación económica en el sector público en general, es decir, para quienes están contratados bajo los preceptos de la Ley del Servicio Civil.
Se ha establecido que todo empleado público que renuncie a su cargo deberá ser notificado al empleador a más tardar el último día hábil de cada agosto. Esto permitiría al empleador conocer cuántos trabajadores saldrían, así como calcular el dinero necesario para las compensaciones.
Con las cantidades exactas, el empleador tendría la posibilidad de incluir esa partida económica en el presupuesto que se entrega para aprobación de los diputados de la Asamblea Legislativa cada septiembre.
Según la propuesta, aunque los trabajadores informen sobre su retiro en agosto, su contrato estaría vigente hasta el último día de diciembre. Es decir, saldría de la institución pública hasta en enero.
Los diputados no objetaron la propuesta, sin embargo será retomada hasta el día de la encerrona. Ese mismo día también se espera avanzar con la ley de compensación por renuncia para los empleados municipales.
En una sentencia de la Sala de lo Constitucional, los magistrados ordenan a los legisladores promulgar decretos para garantizar el pasivo laboral (salarios por año) para quienes renuncien de forma voluntaria, ya que hasta la fecha solo hay leyes para quienes son despedidos.
El plazo de los magistrados para que los diputados garanticen en cuerpos de ley la compensación por renuncia vence en diciembre próximo.