La Corte de Cuentas de la República asegura tener los argumentos técnicos suficientes que ponen en entredicho los procesos de concesión de los bienes del Estado a manos privadas en todo lo concerniente a la generación de energía.
Después de hacer consultas a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los representantes de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y revisar la Constitución de la República, la Corte de Cuentas determinó que se ha violentado el espíritu de los procesos de concesión para la producción energética en el país.
En este contexto, la contraloría pone en duda el contrato CEL-ENEL y debido al cual son procesados penalmente nueve exfuncionarios de la administración de Francisco Flores.
Rosalío Tóchez, presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), declinó referirse específicamente al contrato CEL-ENEL, pues consideró que debe “revisarse todo el modelo de concesión”.
Tóchez aclaró que no puede gestionar directamente la nulidad de algún contrato de concesión (incluso el de CEL-ENEL), no obstante espera iniciar un proceso legal con la mediación de la Fiscalía General de la República en la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Si los insumos generan una nulidad en la Sala de lo Contencioso, esto podría impactar en el contrato actual” de concesión de bienes del Estado, explicó por su parte Armando Laínez Olivares, director jurídico de la CCR.
Tóchez insistió que solo con apoyo del fiscal, como garante de los intereses del Estado, se puede iniciar el proceso de nulidad en la Sala de lo Contencioso, por lo que este viernes (a las 10:00 a.m.) acudirá a la oficina de Luis Martínez (fiscal general) para entregarle el informe donde se evidencian las anomalías de los procesos de concesión.
El presidente de la Corte de Cuentas aclaró que, en consonancia con la Sala de lo Constitucional, no puede ser retroactiva la decisión de anular algún contrato con tanta celeridad como se ha exigido, no obstante detalló que de lograrse “la nulidad” se podría pensar en que la “retroactividad tiene límites”, sobre todo, si se comprueba que el Estado no se beneficia como debe luego de suscribir cualquier contrato de concesión.
Siempre sobre el fallo de lo constitucional, se expuso que los diputados de la Asamblea Legislativa aún no acatan lo relativo a crear un sistema de verificación sobre la pertinencia o no de haberse entregado bienes del país a manos privadas.
“El contrato CEL-ENEL no tiene relevancia alguna si no las concesiones dadas en su totalidad… puede ser que CEL-ENEL tenga importancia pero puede ser solo uno de tantos”, insistió el director jurídico de la contraloría, Laínez Olivares.
La apuesta de la Corte de Cuentas es que, primero, se admita que hubo errores en el pasado y de ser posible subsanar los daños. En segundo se busca regular los contratos futuros de concesión, sobre todo, que sea la Asamblea Legislativa la única que autorice este tipo de negocios entre entes públicos y privados.