La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó este martes su preocupación por la decisión de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador de desconocer la naturaleza vinculante de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y por las reiteradas amenazas de contrarreformas que limiten las garantías al derecho humano de acceso a la información pública.
El IAIP tramitó una apelación en la que revocó la decisión de la Asamblea Legislativa de brindar información agregada e incompleta sobre sus asesores legislativos y le ordenó publicar un listado que incluya los nombres, funciones particulares, salarios y grupo parlamentario al que aconsejan.
En la tramitación del proceso, la Asamblea Legislativa se negó a cumplir medidas cautelares dictadas por el IAIP y adelantó que acudirá a sede judicial a recurrir las decisiones del IAIP. Además, diputados de diversas fracciones han manifestado su intención de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En primer lugar, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información enfatizó que el listado de asesores legislativos debe ser dado a conocer de manera proactiva con base a la LAIP. En el mismo sentido se expresan los estándares y mejores prácticas internacionales: los nombres, funciones y salarios de los empleados públicos son información pública y no puede ser denegada so pretexto de que se trata de información confidencial.
Agregó que la aprobación del IAIP significó un avance importante para brindar una protección efectiva al derecho humano de acceso a la información pública, cuya garantía es parte de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño.
Sin embargo, se ha constatado un proceso de implementación con varios obstáculos, en particular en cuanto al establecimiento de su ente garante, el IAIP, que se constituye con 15 meses de retraso del plazo legal, que a la fecha no ha recibido los fondos que requiere para funcionar y cuyas resoluciones ahora han sido desconocidas por la Asamblea Legislativa.
La Alianza Regional agrupa a 23 organizaciones no gubernamentales de 19 países de Las Américas, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento del pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
También acompaña a sus miembros locales: la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en su llamado a que los funcionarios y órganos públicos se sometan al cumplimiento de la ley y a que no se den retrocesos en la garantía del derecho humano de acceso a la información pública.