Aduciendo el principio de confidencialidad que le confiere la Ley Antilavado, el fiscal general Luis Martínez, declinó a brindar detalles sobre los $10 millones detectados por las autoridades estadounidenses en una cuenta de un expresidente del país.
Dijo que se trata de una “operación sospechosa” de la cual no tiene ningún documento oficial sino únicamente las denuncias públicas sobre el caso.
El primero en hablar del tema fue el Presidente de la República, Mauricio Funes, durante uno de sus programas radiales “Conversando con el Presidente”.
“Este caso está bajo reserva por mandato legal”, declaró Martínez, este lunes durante una visita a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Martínez descartó tener algún documento formal sobre la investigación que se desarrolla en Estados Unidos, por lo que dijo estar gestionando un reporte a las autoridades de esa nación.
“No he recibido ningún documento ni he recibido a ningún funcionario de ese país… Estamos haciendo las gestiones para tener un informe, pero por problema de presupuesto en Estados Unidos nos hemos atrasado”, explicó Martínez.
De acuerdo con el funcionario, al margen de los intereses político-partidarios que rodean al caso, el interés de su oficina es indagar sobre lo ocurrido.
“El pueblo merece que le informen la verdad. Yo no me voy a prestar a ningún juego ni voy a bailar con ningún partido político en esta campaña electoral”, añadió.
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) indaga sobre $10 millones propiedad de un expresidente de El Salvador, los cuales -según el Presidente Funes- se han utilizado en operaciones oscuras como terrorismo cibernético y espionaje político, además de actividades lesivas contra el Fomilenio II.