La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) exigió este día a la Asamblea Legislativa que respete el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de acceso a la información pública y publique el listado de asesores contratados por cada grupo parlamentario.
En conferencia de prensa, el director de ISD, Ramón Villalta, dijo que la negativa de la Asamblea Legislativa de hacer pública la información ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), denota una conducta antijurídica tipificada como delito de desobediencia en el artículo 322 del Código Penal.
Saúl Hernández, miembro de ISD, expuso la posición de esta institución sobre la oposición de los diputados a revelar las planillas del personal legislativo, destacando que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental reconocido por diferentes tratados e instrumentos jurídicos internacionales como uno de los requisitos indispensables para el funcionamiento de la democracia.
La entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP− establece un marco normativo de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios y servidores públicos de las instituciones del Estado, incluida la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta sea quien conozca del conflicto que la Junta Directiva legislativa mantiene con el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Los diputados pretenden revertir la multa de $9,324 impuesta a sus 14 miembros por el IAIP por no revelar la planilla de asesores que cada grupo parlamentario tiene con fondos públicos.
Para Saúl Hernández, además del listado mencionado, los diputados deben publicar las funciones y remuneración por cada cargo. Asimismo, tienen que reconocer al IAIP como el máximo ente administrativo sancionador en materia de acceso a la información pública y pagar la multa administrativa pecunaria impuesta por dicho instituto.
De igual manera, exigió a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que desista de acciones legales ilegítimas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y otras instancias, en vista que en el proceso administrativo sancionador realizado por el IAIP en ningún momento se vulnera el proceso administrativo.
Mientras tanto, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó esta semana su preocupación por la decisión de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador de desconocer la naturaleza vinculante de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, y por las reiteradas amenazas de contrarreformas que limiten las garantías al derecho humano de acceso a la información pública.
El IAIP tramitó una apelación en la que revocó la decisión de la Asamblea Legislativa de brindar información agregada e incompleta sobre sus asesores legislativos y le ordenó publicar un listado que incluya los nombres, funciones particulares, salarios y grupo parlamentario al que aconsejan.
Alianza Regional enfatizó que el listado de asesores legislativos debe ser dado a conocer de manera proactiva con base a la LAIP. En el mismo sentido se expresan los estándares y mejores prácticas internacionales: los nombres, funciones y salarios de los empleados públicos son información pública y no puede ser denegada so pretexto de que se trata de información confidencial.