Durante la entrevista de Frente a Frente, de TCS, el general Vargas aseguró que la solicitud de derogación de la Ley de Amnistía tiene el propósito de sentar a los militares en el banquillo de los acusados. Agregó que en América Latina están surgiendo “temerarios justicieros y enfermos antimilitares”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador aceptó el viernes 21 de septiembre un recurso contra la Ley de Amnistía. Esta normativa permitió no castigar crímenes cometidos durante la guerra (1980-1992).
Según la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los demandantes manifiestan que la ley es inconstitucional porque presenta «vicios de forma» y «contradice» requisitos como su previa discusión, estudio y análisis por los parlamentarios.
También cuestionan que se haya otorgado una «amnistía amplia, absoluta e incondicional», con una aplicación subjetiva, independientemente del sector al que los acusados pertenecieron: Con ello se vulnera el deber constitucional del Estado de investigar y sancionar con justicia las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad.
Ante estas consideraciones, Oscar Santamaría señaló que en ocasiones anteriores la Sala de lo Constitucional de la CSJ ha declarado inadmisible recursos de inconstitucionalidad similares. “La amnistía ha dado los frutos esperados. Prueba de ello son los 22 años de convivencia armónica”, puntualizó.
A estos planteamientos, Ana Guadalupe Martínez añadió que la Ley de Amnistía fue elaborada por un equipo de Naciones Unidas. “Se cuidó hasta el lenguaje, para que no hiriera los sentimientos de las partes”.
La referida legislación se aprobó dentro de un contexto de guerra. “¿Quién se iba a desarmar si no tenía garantías de no sufrir consecuencias de carácter judicial?”, indicó.