Diputados que tienen la disponibilidad de contratar a quien se les antoje, sin cumplir requisitos idóneos para los cargos, con el sueldo que ellos deciden, sin horarios de trabajo comprobados, con uno de los mejores seguros médicos privados del país, es parte de lo que se esconde detrás de las planillas del personal de la Asamblea Legislativa.
Las contrataciones son desenfrenadas. Algunas fracciones legislativas tendrían hasta un promedio de 33 mil dólares mensuales por diputado. Este desorden podría estar generando un sin número de “plazas fantasmas”, según una investigación periodística realizada por Diario1.
Si bien es cierto que controlar al personal que trabaja para los partidos políticos en la Asamblea es muy difícil, debido a que no hay un control estricto de quiénes llegan, cuándo llegan, etcétera, hay otro tipo de problemáticas que están todavía más escondidas.
La contratación de plazas es un tema tabú en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados se negaron a hablar abiertamente de ello, otros descargaron responsabilidad en los jefes de fracción y estos a su vez dijeron desconocer el monto de las planillas. Entre los que accedieron a informar sobre los empleados lo hicieron en forma limitada.
Pero hubo excepciones y relataron lo que sucede en este órgano de Estado. Un diputado de la llanura, quien pidió no ser identificado, afirmó que las contrataciones de algunas fracciones políticas están sobregiradas.
Y para el caso, informó que un diputado de la llanura como él tiene asignado para contrataciones $12,000 mensuales; sin embargo, hay diputados de GANA que en promedio se estarían recetando $33,000 al mes en contrataciones.
Otro es el caso de Cambio Democrático (CD), que solo tiene un diputado, Douglas Avilés, quien debería tener asignado como jefe de fracción $18,000 para contrataciones. No obstante, actualmente, contaría con $22,000.
El caso de mayor exceso en montos es del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que solo tiene un representante, Rodolfo Parker, quien como jefe de bancada debería tener también $18,000; pero su asignación para contratación de personal sería de $35,000 mensuales.
El diputado informante sostuvo que los grupos parlamentarios de GANA, PCN, PDC, CD y Unidos por El Salvador tendrían un promedio asignado de 33 mil dólares mensuales por cada diputado.
Para el caso, GANA tiene 11 diputados, PCN 7, Unidos por El Salvador 5, PDC 1 y CD 1. Suman 25 curules. Si se multiplica 25 por 33 mil (promedio mensual asignado a cada diputado de estos grupos parlamentarios, según el diputado citado), resulta un total de 825 mil dólares mensuales. El total anual sería de 9 millones 900 mil dólares.
Con esta cantidad, por ejemplo, se podrían contratar 19 mil 800 policías al año, si se toma como promedio un salario mensual de 500 dólares cada uno.
La cifra resulta más asombrosa si se aumenta el gasto de las fracciones de ARENA y FMLN. La primera cuenta con 28 diputados y la segunda con 31. Los dos suman 59 escaños. En este caso, de acuerdo con la información proporcionada, existe un promedio de 12 mil dólares mensuales por diputado. El total sería de 8 millones 496 mil dólares al año. Esta cantidad aumenta porque los directivos, jefes, subjefes y la presidencial tienen una mayor cantidad disponible para contrataciones.
Si se tomara la cantidad de los 8.5 millones señalados aproximados se podrían edificar mil 699 casas, categorizadas como vivienda mínima, a un valor estimado de 5 mil dólares cada una.
Asimismo, el informante agrega que las preferencias antes mencionadas solo pueden ser consentidas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfredo Reyes, puesto que él es quien tiene la potestad para asignaciones y contrataciones. Estos desbalances han representado un incremento oneroso en los gastos de la Asamblea.
Además, comentó que Reyes ni siquiera da a conocer el monto que él, como presidente, tiene a disposición para contrataciones. Por su parte, desglosa que en la junta directiva, un vicepresidente tiene a su disposición $21,000, mientras que un secretario y un jefe de bancada tienen $18,000 cada uno; por otro lado, un subjefe de bancada tiene $15,000 y un diputado de la llanura tiene $12,000.
Este tipo de descontrol es caldo de cultivo para los amaños, plazas fantasmas, clientelismo, entre otros males de la corrupción. Pero estas componendas se derivan en parte por las negociaciones que se efectúan cuando se requiere cierto apoyo político y, sobre todo, para votaciones importantes, explica.
Incremento de presupuesto
El monto que la Asamblea Legislativa proyecta ejecutar para 2014 asciende a $58.5 millones, lo que representa un incremento de $645,000 con respecto a lo aprobado para 2013 ($57.8 millones), así lo asegura el vicepresidente de esa institución el diputado arenero Roberto d’Aubuisson.
Por su parte, el diputado pecenista Francisco Merino indica que este incremento está por debajo de la inflación anual acumulada que es de 2.8%, ya que solo representa un 1.1%. Por su parte, d’Aubuisson afirma que las verdaderas razones de esta alza son las excesivas plazas que tiene la Asamblea Legislativa.
El diputado explica que en el presupuesto aprobado para 2013, $35.5 millones se han destinado para el pago de planillas; sin embargo, se necesitan alrededor de los $39 millones para sufragar toda la nomina del órgano legislativo. Este desfase ha logrado compensarse debido a reajustes que se han hecho de otras asignaciones. “Si nosotros no ajustáramos de otras áreas, los salarios de los empleados llegarían hasta noviembre, porque ya no habría fondos”, manifiesta.
El crecimiento desmedido de la Asamblea ha sido evidente en los últimos años. Al cierre del período 2006-2009, la planilla total era de 917 empleados, incluyendo diputados; en la actual legislatura este número ha crecido alrededor del 45%, sumando en total 1,673 trabajadores.
El diputado arenero atribuye estas plazas a los excesos de contrataciones que han tenido algunas bancadas para puestos políticos. Explica que cada grupo parlamentario tiene un monto específico por diputado para contrataciones y de ahí se desglosa para el personal administrativo, ordenanzas, asistentes, asesores, analistas, motoristas, prensa, relaciones públicas, entre otros.
Asimismo, confirma que algunas bancadas están sobregiradas, pero estos han sido aprobados por el presidente de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes. Incluso asegura que la junta directiva desconoce los detalles de la planilla y los montos. “Nosotros no tenemos acceso a la lista de empleados”, enfatizó.
Para poner un ejemplo del que ha tenido conocimiento recientemente, el diputado arenero cita las últimas contrataciones de vigilantes que ha hecho la Asamblea. “Nada más en agosto entraron los nuevos vigilantes que no estaban presupuestados. Hay más vigilantes de los que la Asamblea necesita”, afirma. Lavándose las manos, insiste en que desconocen cómo se realizan estos movimientos. La única forma que tienen es verlo a través de la nómina de seguro médico privado de la institución.
Actualmente, el proceso de contrataciones se maneja directamente desde los grupos parlamentarios, a través del jefe de fracción. Piden aprobación del presidente. Queda en manos de Reyes la admisión o no del personal.
El diputado arenero asegura que la aprobación del presupuesto 2013 estuvo condicionada a que se recortara la gran cantidad de plazas excesivas que se encontraban en algunos partidos. Sin embargo, esto no pudo lograrse, por eso, para mantenerlas, se tuvo que reajustar de otras áreas y el mismo caso sería para el presupuesto 2014.
Seguro médico millonario
Debido al aumento de las plazas en la Asamblea, también el gasto en seguro médico se ha disparado en los últimos años. El diputado d’Aubuisson asegura que en cuestión de cuatro o cinco años el monto se ha duplicado en el presupuesto. “Cuando hicimos la primera licitación con 917 personas, el seguro de este entonces fue de $2.4 millones, pero en la medida que fue creciendo el personal también subió el seguro, que ahora anda por más $5 millones”, expresa.
Además, revela que este año, en comparación del anterior, tuvo que agregársele $400,000 más al seguro por las nuevas contrataciones. Y es que este seguro médico es para todo los empleados del órgano legislativo, desde ordenanzas, secretarias, motoristas, hasta asesores, asistentes, colaboradores, diputados y los familiares inmediatos de todos los trabajadores.
Y no en balde lo califica d’Aubuisson como uno de los mejores seguros médicos privados del sector público, ya que cubre hospitalización, exámenes, consultas, seguro de vida, maternidad, etcétera, en los mejores hospitales del país.
El diputado explica: “Del presupuesto global, que asciende a $57.8, $35.5 millones están destinados para salarios y prestaciones. Este año el seguro se incrementó a 5.4 millones de dólares, monto que se obtiene de los $35.5 millones. Pero en la práctica esta cantidad no alcanza razón por la cual el presupuesto ejecutado para salarios y prestaciones este año es de 39 millones de dólares.
El diputado de la llanura también coincidió en que cuando se negoció el presupuesto de 2013 se acordó que estas plazas debían desaparecer paulatinamente. En aquel momento, se habló de una baja anual del 30%. De tal manera que al término del período legislativo 2012-2015 se hubiesen eliminado por completo las plazas excesivas. A pesar de ese acuerdo, aún no han comenzado a eliminarlas. Por el contrario han ido incrementándose.
Niegan información sobre plazas
El jefe de fracción de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Donato Vaquerano, mostró apertura, en primera instancia, en proporcionar la información referente a las plazas con las que cuenta su grupo parlamentario. Dijo estar de acuerdo en dar a conocer el número de personas que trabajan para su partido, así como el monto destinado a los legisladores para cubrir los gastos de la planilla. Pero después argumentó que “es una planilla bastante grande y aquí en mi cabecita los números no los manejo”.
Se comprometió a proporcionar el monto del presupuesto que su grupo parlamentario tiene asignado, pero al final todo quedó solo en intenciones.
Lo que el jefe de ARENA se limitó a decir fue que su partido no ha hecho uso del total de fondos que se les destinó. “Hoy en esta legislatura se nos fueron cinco para UNIDAD y no recortamos empleados porque nos hemos mantenido bien bajos (en personal)”, añadió.
Otro partido que dice no tiene “nada que esconder” con respecto al número de personas que tienen bajo su contratación es el FMLN. Su jefa de fracción, Norma Guevara, reconoció que no hacen contratos ni incrementan los salarios de sus empleados “a cada rato”. “Ahorramos no menos de $1 millón de dólares al año… No usamos nuestra reserva, porque tenemos un concepto de vida, de que un salario modesto pero digno es suficiente para que la gente no se malacostumbre y que corresponda con los niveles de aprieto que vive la sociedad”, dijo.
La legisladora mencionó que la reserva que suelen manejar es utilizada para contratar personal de forma momentánea, tal es el caso de especialistas que puedan ayudar a elaborar a elaborar políticas sociales.
Si algo reconoce Guevara es la existencia de plazas que desde la presidencia de Ciro Cruz Cepeda fueron incorporadas y que hasta hoy son las que habrían aumentado en gran medida la plana de trabajadores con los que cuentan los partidos. “Nosotros sabemos que desde la presidencia anterior hay cantidad de personas que no corresponden a los presupuestos que deberían gastar. Pero como ya estaban y no los podíamos quitar ahí están”.
Cifras exactas de cuánto es el número de personal no fueron oficialmente proporcionadas. De ARENA, Diario1.com se quedó esperando la entrega del documento que Vaquerano se comprometió a dar y la jefa del FMLN prefirió mantener en reserva la cifra, argumentando que no determina cuánto de su presupuesto puede estar gastando un partido.
Para corroborar cuánto de presupuesto maneja GANA para pagar plazas, se trató de contactar al diputado Walter Guzmán, jefe de fracción de este partido. Se le buscó en su oficina dos veces, pero no se encontró en ninguna ocasión. De la misma forma se hizo con el PCN, pero el diputado Roberto Angulo tampoco se logró contactar. A directivos de otros partidos se les consultó si podían proporcionar la misma información, sin embargo, manifestaron que solo el jefe de cada partido es el que maneja el dato.
De parte de la nueva fracción Unidos por El Salvador, conformada por disidentes areneros, el diputado Rigoberto Soto, jefe de fracción este grupo, habló de manera escueta sobre el tema. Aseguró que puede garantizar que su grupo parlamentario gasta mucho menos presupuesto en comparación con otros partidos. “Creo que tenemos, muchísimo menos plazas que otros parlamentarios en similares condiciones, si nos vamos a un punto proporcional”.
Aunque Soto manifestó que su grupo tiene menos plazas que otros partidos, al solicitarle que brindara el número de personal que trabajaba para su fracción dijo que no conoce con exactitud la cifra y que tratar de conocer cuánto gasta cada diputado es una “cuestión administrativa”. “Acá en la Asamblea hay una oficina administrativa que se encarga de ello”, manifestó.
Nada nuevo bajo el sol
Los datos del personal que labora en la Asamblea Legislativa siempre han sido ocultados. Dentro de este contexto, no es nueva la denuncia de existencia de plazas fantasmas en este órgano de Estado. En noviembre de 2010, luego de renunciar al CD, el exdiputado Juan Pablo Durán denunció que el secretario general de ese partido, Oscar Kattán, le había ofrecido una plaza fantasma en la Asamblea Legislativa.
En febrero de 2011, Reyes reveló que de los 1,674 empleados, un 32% (536) sería institucional y el resto (1,138) está al servicio de las diferentes bancadas. Esto implica que un promedio de 13.5 empleados trabajan para cada uno de los 84 diputados.
Tres años después, el ahora exdiputado Durán recuerda que en aquella ocasión fue el presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, quien le dio al diputado Douglas Avilés una planilla adicional de 21 empleados a cambio de que el CD bloqueara su candidatura de diputado por La Paz.
“Esa gente fue contratada para que sirvieran de activistas”, afirma, luego de sostener que el actual presidente de la Asamblea Legislativa dijo que habría una administración transparente, diferente, pero en la práctica es todo lo contrario.
Recientemente un ciudadano pidió a la Asamblea Legislativa la planilla de cientos de «empleados» contratados por los diputados como «asesores legislativos». La Asamblea no atendió la petición y el ciudadano acudió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y este, al tramitar la demanda, pidió a la Asamblea que le entregue la información para analizarla.
El presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, dijo en una carta enviada el 27 de agosto pasado al IAIP que la lista de las personas que las bancadas legislativas contratan para que supuestamente cumplan la función de asesorar a los legisladores es información confidencial y por esa y otras razones no la entregará al IAIP.
Igual posición han adoptado legisladores de diferentes grupos parlamentarios. Una de las principales argumentaciones es que el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública les impide hacer pública la información sobre los asesores porque esta es de carácter confidencial, ya que vulnera su privacidad. La mayoría sostiene que primero deben de solicitar el consentimiento de los empleados.
El señor Ángel Romero Ortega pidió la información sobre la planilla de empleados de los grupos parlamentarios el 22 de julio pasado. El 12 de agosto, la Asamblea contestó que la información ya estaba publicada en el sitio web de transparencia institucional. Ante esta negativa, el referido ciudadano presentó el 19 de agosto un requerimiento ante el Instituto de Acceso a la Información en el que afirma que la Asamblea le entregó información incompleta.
El departamento de Estudios Legales de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en el comunicado 69 del mes en curso, asegura que IAIP tiene las facultades legales para dictar la medida cautelar de solicitar información a la Asamblea Legislativa, a efecto de resguardar las resultas del proceso de acceso a la información que se encuentra tramitando.
La Asamblea Legislativa tiene la obligación legal de proveer los datos solicitados al Instituto de Acceso a la Información Pública, por lo que debe respetarse la IAIP, y en caso contrario, se deberán imponer las sanciones respectivas, agrega.
Añade que la actuación de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa atenta contra la ley que ella misma aprobó; así como también vulnera tratados internacionales sobre derechos humanos y contra la corrupción ratificados por el país, al igual que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ha reconocido el acceso a la información pública como un derecho fundamental.
El IAIP ordenó el miércoles pasado a la Asamblea Legislativa publicar el listado de sus asesores institucionales y parlamentarios, incluidos los salarios que devengan. También impuso una multa de 9 mil 324 dólares a la junta directiva por ocultar la información.
El debate se ha centrado en “asesores”, pero se deja de lado la planilla global. Esta contempla otros cargos como asistentes, analistas y colaboradores, de acuerdo con el diputado de la llanura.