El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque dictó este viernes el «sobreseimiento definitivo» de la causa penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992)
«Es un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)», dijo en declaraciones a la prensa la abogada defensora Carolina Herrador, tras la lectura del fallo.
Asimismo, precisó que, de los ocho acusados en este juicio, los cinco ambientalistas y otra persona que no pertenece a la comunidad estarán en libertad, con la única obligación de presentarse a firmar al juzgado cada ocho días mientras se declara «en firme» el fallo.
«Es sumamente satisfactorio, estábamos seguros de que íbamos a salir exitosos con este caso», añadió.
Los procesados pertenecen a la comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia sobre una posible reversión de la prohibición minera aprobada en la Asamblea Legislativa en 2017.
Respecto a las otras dos personas que han sido juzgadas en ausencia y fueron declaradas en rebeldía, Carolina Herrador dijo que aún está pendiente el fallo. Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene habilitada la vía para apelar el fallo ante un Tribunal superior.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.
Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
Según las investigaciones de Fiscalía, los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acusados por el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido el 22 de agosto de 1989.
Sobre este proceso, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pidió «una resolución justa, al considerar que no hay suficiente evidencia para seguir criminalizando a estos defensores ambientales».
A mediados de mayo de 2023, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, dijo que los líderes comunitarios «deben ser liberados».