El Tribunal Quinto de Sentencia de San San Salvador encontró culpables de actos arbitrarios a Nelson Rauda y Rodil Hernández, exdirectores de Centros Penales en los períodos 2012-2013 y 2013-2017 respectivamente. Ambos tuvieron a cargo la política carcelaria del país durante la tregua entre pandillas del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
La Fiscalía General de la República acusó a ambos de rebasar sus facultades, valerse de su cargo y autoridad, para dar órdenes al coordinador de las tiendas institucionales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y distribuir fondos a fines totalmente distintos a los establecidos en el Reglamento General de la Ley Penitenciaria.
Los períodos investigados por la Fiscalía entre 2012 y 2014, la cual mediante la pericia contable presuntamente se determinó que Rodil Hernández habría administrado, de forma fraudulenta la cantidad de $121,238, mientras que Rauda habría malversado $87,154.
Entre ambos, Rauda y Hérnandez, se cree que utilizaron de forma inadecuada más de $5,6 millones, de los que casi $4,5 millones fueron utilizados para mantener la tregua.
El caso empezó a judicializarse en 2017, pero el Tribunal Cuarto de Sentencia absolvió a los acusados, por lo que la Fiscalía apeló el fallo y trasladó el nuevo juicio al Tribunal Quinto de Sentencia.
No obstante, el Tribunal eximió a los acusados por el delito de negociaciones fraudulentas, por lo que solo recibieron una condena de dos años de cárcel por actos arbitrarios, la cual cambiarán por servicio comunitario, al ser una pena excarcelable.