La Dirección General de Centros Penales informó la tarde de este miércoles que los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes acusados de corrupción fueron enviados, los hombres, al centro penal la Esperanza, conocido como Mariona. Mientras que las mujeres fueron enviadas a Cárcel de Mujeres.
“Hemos habilitado el sector 9 del Centro Penal “La Esperanza” para Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores, y en el Centro Penal de Mujeres de Ilopango, Violeta Menjívar y Erlinda Hándal”, informaron.
Horas antes, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador envió a prisión a 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes acusados de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.
“El señor juez conoció tanto la acusación para los imputados presentes como para los ausentes y su resolución fue decretar detención provisional para las 10 personas procesadas”, dijo una de las fiscales del caso.
Además, indicó que “en relación a las personas ausentes”, el juez “ha decidido librar oficios a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos al tribunal correspondiente”.
Entre los exfuncionarios ausentes están el expresidente Salvador Sánchez Cerén, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.
El pasado jueves, en una operación llamada Desfalco, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a varios exfuncionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los exfuncionarios “recibieron sobresueldos”. Entre los detenidos están la exministra de Salud, Violeta Menjívar, quien habría recibido ilícitamente $177,000; la exviceministra de Educación, Erinda Hándal, quien se habría llevado $162,000.; el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores; y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien habría recibido $210,000. También el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, quien se habría llevado $208,000.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que “estas personas contribuyeron al desfalco de 350 millones al Estado”. Indicó que la investigación inició en 2019 con el caso Saqueo Público.
Los ausentes son el expresidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de recibir $530 mil aparte de su salario cuando fungió como vicepresidente (2009-2014).