La exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca, fue trasladada este miércoles al Centro Penitenciario de Mujeres de Ilopango, a cumplir una condena de 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales.
En un principio se manejaba que el traslado había sido atrasado y que se retomaría en horas de la tarde, pero personal del Centro Judicial Isidro Menendez afirmó que el procedimiento se había llevado a cabo en horas del mediodía.
La procesada se encontraba internada en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menendez, desde la tarde del viernes, luego de haber sido condenada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, junto con su hermano, Oscar Mixco Sol, además de Milton Romeo Avilés Cruz.
La defensa de la exprimera dama dijo este mismo miércoles que apelará la sentencia, ya que alegaron anomalías en el pronunciamiento de la resolución, la cual habría corrido a cargo de un juez, aun y cuando el Tribunal es colegiado.
Asimismo dijeron que presentarán dos recursos de presentación personal (Habeas Corpus) a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para detener la medida de detención contra su defendida, ya que tendría problemas de salud que le impedirían afrontar el encierro, las cuales no se pueden dar a conocer.
El esquema de lavado por el que fue condenada la exprimera dama.
Ana Ligia de Saca conformaba una red de al menos ocho personas, que habrían contribuido al esquema de corrupción de su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca, cuyo mandato abarcó de 2004 a 2009.
Solamente los hermanos Mixco Sol habrían incurrido en el lavado de de $26 millones provenientes de partidas de Casa Presidencial, según investigaciones de la Fiscalía, la cual solicitó en un inicio una pena de 15 años de cárcel para ambos.
El expresidente Saca fue un artífice de un entramado que desvió $300 millones del presupuesto estatal, a base de contratos de consultorías y publicidad, que solo sirvieron para desviar fondos a cuentas personales de los involucrados, entre ellos el exsecretario Privado, Elmer Charlaix.
Ana Ligia de Saca buscó un acuerdo para un proceso abreviado con la Fiscalía, de la misma forma en como se estableció con el expresidente Saca, para reducir su pena carcelaria. El equipo legal de la exprimera dama buscaba que, a cambio de confesar sus delitos, su clienta recibiera una sentencia de tres años de trabajo comunitario.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía explicó que el trato fue rechazado, ya que se impuso como condición que la procesada devolviera $17.5 millones, que fueron extraídos de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, durante la gestión presidencial de su esposo.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la vista pública que arrancó el 2 de febrero, solo la exprimera Dama habría lavado un poco más de $17 millones en fondos provenientes de Casa Presidencial, mientras que personeros del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) de aquella época, se habrían encargado de blanquear el dinero restante.
El 18 de febrero, el expresidente Saca declaró vía videoconferencia que su esposa no había lavado dinero, sino que se le confirió un sobresueldo mensual de $10,000, aún y cuando su cargo como titular de la extinta Secretaría Nacional de la Familia, era ad-honorem.
No obstante, la Fiscalía negó que contara con documentación que corroborara la versión del expresidente Saca e insistió que los hermanos Mixco Sol conocían de los desfalcos en Casa Presidencial. Por otra parte, el Ministerio Público citó una sentencia judicial previa, en la que se establece que los sobresueldos en funcionarios públicos, son otra forma de lavado de dinero.
Tras conocerse el fallo, la Fiscalía informó que la sentencia en firme se entregará el próximo 21 de junio, en la que también se conocerá el monto de responsabilidad civil que deberá pagar la ahora condenada.